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Opinión

Mejor ponerlo en la palestra


 Por La Tribuna

Prof. Juan Manuel Bustamente Michel
Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Cuando hablamos de “evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza”, no hacemos otra cosa que referirnos a un proceso que, por ser integral y ejecutado entre y con iguales, es de suyo intrínsecamente complejo, el cual de ordinario debería ocurrir en todos los centros de enseñanza y niveles escolares de que se trate, porque así lo ordena la ley, y ello, con el fin de que se garanticen tanto la calidad de la enseñanza, como la calidad de los aprendizajes escolares.

El proceso en comento –que se supone debe darse a lo menos dos veces al año por enseñante (primer y segundo semestre lectivo)– debe ser producto, a la vez, de la instalación consensuada de un plan, programa o proyecto ad hoc fundado en el Marco para la Buena Enseñanza y sus distintos dominios (esto es, preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y responsabilidades profesionales), documento técnico pedagógico de manejo docente, este último, en el que se reseñan las distintas dimensiones del acto educativo (antepreáulica, preáulica, áulica y posáulica) que a diario deben observar y poner en acción, según corresponda (puesto que no siempre van al unísono), con sus estudiantes, los docentes de aula. Proceso, asimismo, que es –por extensión jurídica y técnica– prerrogativa del director cautelar (puesto que, atendida la naturaleza de su función, ejerce tuición y responsabilidad sobre todo el personal enseñante) y del jefe técnico pedagógico del centro educativo al mismo tiempo (quien es responsable, por su lado, del apoyo y complemento a la docencia desde campos como la orientación educacional y consejería vocacional, la supervisión pedagógica, el planeamiento del microcurrículo o currículo áulico, la evaluación de los aprendizajes discentes, la investigación pedagógica y la capacitación profesional docente en general).

Como su nombre lo indica, el proceso en referencia supone dos planos de intervención distintos, aunque necesaria y subsecuentemente complementarios –que operan en momentos también distintos– como son la evaluación, por un lado, y el acompañamiento a la docencia en la enseñanza, por otro, donde con el primero de ellos se verifican las posible carencias y/o falencias que pudieran manifestarse en los enseñantes durante su gestión a lo largo de la ejecución del acto educativo (es decir, en las enseñanzas o dimensiones antepreactiva,  preactiva, activa o interactiva y posactiva); en tanto que con el segundo, la planificación, organización, ejecución y evaluación de planes de superación profesional personalizados en pro de mejorar las intervenciones pedagógicas de los docentes allí donde se desempeñen, y responder en forma adecuada  a las demandas educativas de los estudiantes y sus familias.  

Desde luego, como práctica institucionalizada –que en estos términos (constituyendo, por cierto, una gravísima falencia, omisión, falta o como quiera se la llame) no existe en establecimiento educacional municipalizado alguno–, este proceso reviste especial relevancia para los enojosamente denominados profesores a contrata (permanentes y de reemplazo), quienes año tras año, sí o sí, se juegan su estabilidad laboral en los establecimientos educacionales con las calificaciones (supuestamente) semestrales y sistemáticas de que deberían ser objeto por parte de sus directores y jefes técnico-pedagógicos, toda vez que lo que ocurre, en verdad, para total desmedro suyo, no es otra cosa que un conjunto de acciones  arbitrarias, unilaterales, sesgadas e inorgánicas y, por lo mismo, carentes de toda objetividad y cientificidad; algo muy lejano, por cierto, de lo que teórica y empíricamente debería entenderse en cada comunidad docente por “proceso de evaluación y acompañamiento a los docentes en la enseñanza”. Y doy fe.

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