Es claro que los profesores y otros profesionales que cumplen labores docentes en algún centro de enseñanza -y en este caso, solo refiriéndome a los enseñantes que cumplen tareas pedagógicas en establecimientos educacionales del sector público o municipalizados- son personalmente responsables de sus actos y su desempeño en la función correspondiente (la directiva, la tecnicopedagógica y la de aula); esto, según lo establecido en los artículos 17° y 18° de la Ley 19.070 conocida como Estatuto Docente o Estatuto de los Profesionales de la Educación, y lo dispuesto en los artículos 53° al 59° del decreto 453 que reglamenta al citado cuerpo legal, y a partir de los cuales se deducen derechos, deberes y obligaciones.

En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta que la presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales consagrados en la legislación chilena, todo esto en la eventualidad de que fuere objeto de alguna queja, denuncia o acusación por parte de terceros incumbentes, ¿qué le parecería a usted si al consultar las razones por las cuales se le hubiera iniciado la sustanciación de un sumario administrativo, tanto el fiscal instructor, como el actuario, le negasen la información requerida aduciendo que está afecta a la medida de secreto del sumario?; ¿qué le parecería, por otro lado, si por añadidura, con motivo del mismo hecho, se le mantuviera alejado de su puesto de trabajo -en otro establecimiento de enseñanza en calidad de docente directivo adjunto- por casi dos años consecutivos en un proceso interminable que superara lo jurídicamente razonable y, por lo mismo, rayano en actos de prevaricación administrativa?

¿Qué le parecería, asimismo, si además de lo anterior se omitiese deliberadamente, con burdos pretextos, presentarlo a los docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes del centro educativo, como si usted no existiera o como si fuese una persona invisible para todos, algo así como una especie de fantasma que llega a una hora y se retira  a otra, sin contar además con una función específica que cumplir en pro de favorecer algún tipo de aporte docente directivo o de relación profesional con los distintos agentes educativos de la comunidad escolar?; ¿qué le parecería si, junto con todo esto, se le negara la entrega de una oficina en la que cumplir sus funciones directivas adjuntas, debiendo deambular invierno y verano -en contrario- por los distintos espacios abiertos del centro de enseñanza (pasillos, hall y patios) con su cargamento de libros y documentos, como si se tratase de lo más normal?

Finalmente, ¿cómo se tomaría usted el que como el summum de los agravios se le impidiera hacer uso tanto del comedor de los docentes en sus horas de colación de cada día de la semana, como de los servicios higiénicos del centro de enseñanza, debiendo las más de las veces tener que recurrir, para mayor afrenta en su contra, a una cancha de fútbol ubicada precisamente detrás del colegio, para miccionar como todo ser humano normal, so pena de acarrearse alguna grave enfermedad por el simple hecho de contenerse en el máximo posible?

Desde luego, con independencia de lo que a usted la haya parecido todo esto, y pensando en que la suspicacia, la intriga y la duda son actitudes y conductas casi inevitables en las interacciones sociales cotidianas, debo dejar constancia de que nada de lo presentado aquí es ficción, o fantasía, o especulación, o falsación posible, ni tampoco los desvaríos ni reverberaciones de alguna mente enferma. Muy por el contrario. Se trata ni más ni menos que de hechos concretos, directamente conocidos por mí en el contexto de nuestra realidad educacional alcaldizada, y cada uno de los cuales -estos, los de antes y los que se den en el corto, mediano y largo plazo- vienen a justificar de manera inequívoca la creación de nuestra AFDEM y la defensa por parte de ella de los derechos laborales y fundamentales de todos/as y cada uno/a de sus socios/as.