La reforma de pensiones propuesta por el Gobierno avanza en términos de poder atacar uno de los problemas más importantes relacionado con las bajas pensiones actuales, al proponer un incremento de la cotización del 6%, pero muestra al mismo tiempo falta de creatividad para mejorar las pensiones actuales a un costo menor.

El tránsito a un sistema de reparto puro es una pésima propuesta, dado que representa una estafa piramidal porque los cotizantes que pagan las pensiones actuales son más que los cotizantes que pagarán las cotizaciones futuras. En este contexto, supongamos que deseamos pagar una pensión equivalente al salario promedio; dado que se cotiza el 16% de la renta, se requieren más de cinco cotizantes para pagar esa renta (a una persona).

Desde esa perspectiva, se requiere una modificación urgente al último mercado relacionado con el pago de la pensión. Ahí existen cuatro modalidades de pensión:

1) El retiro programado que es pagado por una AFP, las cuales cobran una comisión que es distinta a la que puedan cobrar cuando la persona es activa, sin ninguna justificación.

2) La renta vitalicia inmediata, que es pagada por una compañía de seguros de vida.

3) La renta temporal con renta vitalicia diferida, que es pagada por una AFP y una compañía de seguros.

4) La renta vitalicia inmediata con retiro programado, que es pagada por una compañía de seguros y una AFP.

Pero es, sin duda, el último mercado el que requiere transformaciones urgentes. El Estado debería licitar las pensiones de cada año o cada cierto par de años a quienes tengan los menores costos de administración, y terminar con los asesores previsionales.

En el caso de las rentas vitalicias, debería tener un componente fijo y otro variable en el cálculo de la rentabilidad esperada. Para la alternativa del retiro programado se debe ajustar la rentabilidad con un componente histórico y otro proyectivo que permita mejorar las tasas de rentabilidad proyectada, lo que permite subir la pensión sin un mayor gasto público o impuesto por la vía de la cotización previsional.

Por qué debe volver al Estado, porque la ciudadanía le reclama al Estado y no a las compañías de seguros o AFP la solución al problema de las bajas pensiones; en este caso es el Estado el que debe buscar la mejor alternativa para hacer más eficiente el sistema. 

Un elemento que también es necesario ponderar es que las AFP permiten mayor competencia y opciones dentro del mercado de capitales; en la actualidad existen más de 1 millón 200 mil cuentas de ahorro previsional voluntario (APV), que entregan una rentabilidad real bastante mayor a la que pueda entregar un depósito a plazo, y al mismo tiempo sirve para aquellos que desean incrementar su pensión futura.

Finalmente, se debe eliminar el tope imponible; por qué privar a las personas de un mayor ahorro para el pago de una pensión futura cuando una persona alcanza una renta alta en algún momento de su vida laboral. Por cierto, todos los ciudadanos deben tener el mismo sistema de pensiones (eliminar las pensiones de los parlamentarios o expresidentes o cualquiera otra que pudiera existir). Así el sistema es más justo y menos desigual.