jueves 27 de febrero, 2020

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Opinión

Por dónde comenzar


 Por La Tribuna

Prof. Juan Manuel Bustamente Michel
Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Muy simple: señalando que –en el contexto de la defensa de los derechos laborales y fundamentales de sus asociados y de lo establecido en el Artículo 2° de sus estatutos–, son tareas preferentes de la AFDEM Los Ángeles, entre otras, recabar información sobre la acción del servicio público y de los planes, programas y resoluciones relativas a sus funcionarios; hacer presente, ante quien corresponda, cualquier incumplimiento de las normas que regulan directa o indirectamente la relación laboral de los funcionarios docentes de la educación municipal con el sostenedor y aquellas que establezcan derechos y obligaciones de estos; dar a conocer a las autoridades sus criterios sobre políticas públicas y resoluciones relativas al personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación y a materias de interés general para la asociación; del mismo modo que representar a los afiliados ante los organismos y entidades en las que la ley les concediere participación (Contraloría General de la República, Superintendencia de Educación y Tribunales Laborales), tareas respecto de las cuales, por cierto, no se tiene duda alguna por parte de cada uno de los dirigentes de nuestra organización.

Entonces, dicho lo anterior: 1) ¿Será posible pretender que en pos de defender nuestros derechos laborales y fundamentales, debamos hacerlo pasando por encima, “si es preciso”, de los de otros pares nuestros, porque después de todo el fin justifica lo que hagamos?; 2) ¿Es eso posible? Asimismo, 3) ¿qué y a quién defender cuando como dirigentes gremiales nos vemos enfrentados a evidentes malas prácticas que van en directo desmedro de terceros afiliados, por ejemplo?; o 4) ¿Cómo resolver una evidente contradicción ética que de todas maneras, como en el caso de los docentes, pudiera estar perjudicando la permanencia en el Sistema Escolar Público de otros profesionales de la enseñanza o impidiendo su acceso a una esperada y necesaria remuneración? 5) ¿Cómo ser justos, finalmente, de modo que no se perjudique a más de alguien, especialmente cuando no se puede defender lo indefendible?

Lo que sin duda alguna debe quedar claro al respecto –y esto como común denominador en el ejercicio de nuestros derechos laborales y fundamentales a propósito de estos interrogantes– es que no se puede ser en modo alguno serio, responsable, honesto, justo, correcto y leal si su prosecución pasa por que se violenten los también derechos de otros con quienes compartimos a diario nuestro quehacer docente allí donde sea que nos desempeñemos profesionalmente.

Y vaya que no puede ser cuando por el afán de querer hacerlo, o por falta de empatía, o por falta de criterio, o por falta de compromiso, o por falta de sensibilidad social, algunos beneficiarios cortan sin el menor pudor y sin el menor miramiento sus licencias médicas de largo aliento en los periodos de vacaciones, para luego enfermarse en el curso del año escolar (incurriendo, por otro lado, en una evidente falta a la probidad, a ojos vista), toda vez que ello traerá como consecuencia –qué duda cabe– que los docentes reemplazantes de que se trate se queden sin trabajo o sin remuneraciones en enero y febrero, como ya se nos ha hecho saber por algunos socios afectados, y ello, al perderse la continuidad mínima de seis meses que exige la ley para estar afecto al respectivo y ya mencionado estipendio.

Y como a los derechos, allí donde se ejerzan, les sobrevienen deberes y obligaciones para quienes los llevan adelante –más aún si con estas malas prácticas se desnaturalizan los beneficios en sí mismos en desmedro de los beneficiarios–, bueno sería que las autoridades cumplieran un rol mucho más activo a través de los medios de que disponen, en resguardo del interés general y del sentido de los mismos, porque a fin de cuentas son los justos los que siempre pagan por los pecadores, tal y cómo históricamente lo hemos visto.

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