jueves 27 de febrero, 2020

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Opinión

Chile: ultraliberalismo y violencia o democracia


 Por Prensa La Tribuna

(del historiador Diego Pérez de Arce)

Osvaldo Cáceres González

La colusión entre las AFP, el financiamiento ilegal en prácticamente todos los partidos políticos por un ex yerno de Pinochet, el fraude de “los contadores inteligentes” de electricidad, los acuerdos entre los distribuidores de pañales para bebés… La opinión pública conserva la idea que los culpables no han sido debidamente castigados, que las penas son ínfimas en relación con las sumas amasadas ilegalmente.

La justicia aplica todo el rigor de la ley contra la pequeña delincuencia o contra ladrones que roban a residentes de barrios burgueses. En un país de segregación social, la justicia y la represión operan con mansedumbre con los unos, y violencia con los otros. En lugar de proteger la infancia, el Estado ha permitido que se cometiesen abusos inimaginables.

En prensa se habían denunciado casos de abusos cometidos en todos los establecimientos del Sename, denunciados por la PDI, y en el 88% de los centros privados se abusaba de manera sistemática de niños adolescentes, 2 mil 071 casos de abusos, entre los cuales 310 casos son de connotación sexual.

No solo la rabia de los jóvenes explica los actos de vandalismo que hasta han provocado victimas mortales y se han multiplicado desde octubre de este año. La destrucción de monumentos que simbolizan el sistema, otros inexplicables, entre ellos las bandas de narcotraficantes y barras bravas que se estiman responsables de saqueos, destrucción y enfrentamientos violentos con las fuerzas de orden, que justifican su acción en vista de la impunidad que goza la élite.

Los grupos revolucionarios están ausentes o bien permanecen muy discretos. La izquierda revolucionaria que promovía la lucha armada no da signos de vida. Quedan los anarquistas que actúan sin líderes ni organizaciones conocidas. Se han descubierto infiltrados próximos a las fuerzas de orden o de extrema derecha, podrían ser oficiales de alto mando de las fuerzas armadas, quienes practicaron todo tipo de represión imponiendo el terror en los barrios pobres.

Con la vuelta a la democracia se instalaron actitudes más acordes con respecto a los derechos humanos, pero no se logró reforma en profundidad en instituciones ni en las prácticas o la concepción del orden que reina en organismos, basadas en largas tradiciones.

Los movimientos sociales actuales (06 de octubre-principios de diciembre, 2019)

El alza del boleto del metro actuó como un detonador que hizo explotar una   Santa Bárbara (el polvorín de los buques de guerra), se extendió por todo el país y, mientras la población solidarizaba con los jóvenes estudiantes, el gobierno mantenía una actitud que chocaba con la arrogancia.

No era un hecho nuevo, pues en julio de 2019, frente a pacientes que se quejaban a causa de espera interminable en los hospitales, el subsecretario de Salud respondió que la gente se levanta temprano para ir al hospital porque, según su opinión, esos son lugares donde se hace vida social.

El 6 de octubre, frente a la decisión de los estudiantes de evadir los torniquetes del metro, la ministra de Transporte declaraba que la gente debería levantarse antes de las 7 para beneficiarse con una tarifa menos cara.

El 18 de octubre, mientras se producían actos de violencia a gran escala, las redes sociales difundían la imagen del presidente de la república en una pizzería en los barrios burgueses, celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos.

Al día siguiente explicaba que el país había entrado en guerra y declaraba el estado de urgencia con toque de queda, y transfería su rol de la defensa nacional al comandante en jefe del Ejército para restablecer el orden público y proteger los bienes públicos y privados. Fue como apagar un incendio con bencina mientras el toque de queda y la vista de los militares en la calle despertó siniestros recuerdos de la dictadura.

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