Desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en el año 1995, los países de América Latina y el Caribe Hispano, han logrado ascensos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género en el ámbito político electoral. Estos adelantos han tenido lugar en un contexto marcado por profundas reformas sociales, políticas, económicas, y demográficas en la mayoría de los países. Hoy, sin duda, es posible declarar el avance que se ha obtenido en el quehacer y respeto por ello en el género femenino chileno. No nos encontramos de esta forma por un evento casual, si no por grandes esfuerzos que se remontan a quienes nos anteceden y que han persistido en que la sociedad nos entregue lo que realmente merecemos. Grandes progresos surgieron en 1934, dándonos la posibilidad de votar en todas las elecciones de nuestro país, durante 1941, presentando un proyecto de ley para dar plena participación política a las mujeres en las elecciones presidenciales y parlamentarias, entregando aliento para que en 1951 Inés Leonor Enríquez Frodden fuese la primera mujer que llegara al congreso en la historia de Chile, manteniéndose en su cargo por cuatro períodos hasta 1969. .. Y ya en la década de los 90s promulgando leyes que tal vez sentíamos muy lejanas, pero sin duda, hoy son innatas a nosotras, como el mantener equidad de género hasta la creación nuestro propio ministerio que nos respalda, el que inició sus funciones el primero de junio de 2016 como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de acuerdo a la Ley 20.820. Es así, como hemos sentido toda nuestra historia para continuar con un legado digno de mujeres activas en política, es prioritario avanzar en el camino de forma ascendente, siendo muy capaces de enfrentarnos a cargos directivos, como referentes para la comunidad desde distintas aristas; desde juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, direcciones locales, regionales, nacionales, enfatizando en cargos electorales, asegurando la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política de forma esencial para continuar hacia una democracia más representativa. Además se cuenta con un respaldo legal según la Ley 18.603, la que indica que del total de recursos públicos que reciben los partidos políticos, un 10% debe  financiar el fomento de la participación de mujeres en política. A nivel mundial en los últimos 20 años se ha asistido a un aumento importante de la proporción de mujeres presentes en los parlamentos nacionales de todo todos los países, casi duplicando el promedio mundial durante ese periodo, sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de mayores esfuerzos para alcanzar la equidad de género, aún persisten notables desigualdades. De este modo, pese al aumento de la representación de la mujer en la vida económica y política, éste no conduce automáticamente a más mujeres en puestos de responsabilidad. Para la OCDE, las mujeres siguen teniendo un techo político de cristal en el Poder Legislativo y Ejecutivo, y siguen estando insuficientemente representadas en los cargos judiciales de nivel superior. En Chile, ha sido fundamental la aprobación de la Ley N° 20.840 la cual introdujo una ley de cuotas que obliga a que los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, presenten un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas. Agradeciendo estos grandes avances, mantenemos importantes desafíos. Las mujeres chilenas representan el 23% del Congreso, pero solo el 12% de las alcaldías, mientras las candidatas constituyeron el 40% de las listas en las últimas elecciones, recibieron solo el 25,8% del financiamiento privado. Esto ha impulsado al Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a establecer una alianza estratégica, colaborando para un buen cumplimiento de la legislación electoral y estándares internacionales en materia de participación de mujeres en política y adecuado uso del financiamiento público. Por lo anterior el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género trabaja arduamente en distintos programas como es el de Mujer y Participación Política, el cual tiene por objetivo contribuir a fortalecer la autonomía política de las mujeres mediante la implementación de planes que promuevan su liderazgo, ejercicio ciudadano y participación de las mujeres en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la sociedad chilena, con especial énfasis en la participación política de forma regional, desarrollando mesas de trabajo de mujeres, dirigidas a líderes locales que participan en distintas organizaciones, fortaleciendo los procesos asociativos de la sociedad civil organizada en torno al seguimiento de las agendas regionales de género. A su vez, las escuelas de liderazgo permiten capacitar a las mujeres que deseen adquirir competencias para representar a sus comunidades y/o organizaciones en espacios políticos y sociales de toma de decisión, así como para desarrollar capacidades de interlocución con las instituciones públicas, siempre desde un enfoque de género. Teniendo estas herramientas y las competencias personales, es momento de actuar enfocando la energía para seguir representando a nuestra población, hombres y mujeres, ahora, desde cargos electorales, regionales y por supuesto nacionales. Sigamos trabajando en nuestros desafíos pendientes con la completa y activa participación de todas las mujeres, en su diversidad, para lograr la igualdad sustantiva o de resultados en todas las esferas del desarrollo. Nadie dijo que será fácil, pero somos lo suficientemente valientes para seguir empoderándonos con las herramientas necesarias en lo que nos propongamos.