Si la evaluación es en general, como lo hemos afirmado en  alguna oportunidad anterior, un proceso complejo y experto, más lo es cuando se trata de un proceso -un estilo especial de docencia, es claro- que se realiza con iguales, como es la que se da de parte de los docentes directivos y docentes técnico-pedagógicos con los docentes de aula a partir de lo que debería entenderse por Evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza, a propósito de la ejecución del acto educativo en todas sus dimensiones por los enseñantes en los distintos espacios microsistémicos en los que debe tener lugar. Sobre este particular, debemos recordar que en todo establecimiento de enseñanza solo existen docentes que cumplen roles distintos; esto es, docentes directivos, docentes técnico-pedagógicos y docentes de aula, cuyos nombramientos por la autoridad edilicia -visto el problema desde la educación pública- se llevan a cabo en calidad de tales. Es decir, unos para cumplir las funciones de directores e inspectores generales, otros para llevar adelante las de apoyo y complemento a la docencia, y los últimos, para ejecutar las funciones de enseñantes.

Contra lo que sucede en la actualidad -que, entre otras caracterizaciones, no pasa de ser un proceso arbitrario, punitivo, antojadizo, desinformado, unilateral y carente de toda cientificidad-, la evaluación institucional del desempeño docente debería ser el resultado de la instalación previa y consensuada en los centros de enseñanza de Sistemas de Evaluación y Acompañamiento a la Docencia en la Enseñanza (SEADE), dotado de instrumentos debidamente axializados y validados experimentalmente o por criterio de jueces, y fundados en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE).

Esto es, un sistema de evaluación que apunte tanto a la detección de falencias y carencias docentes en los enseñantes (la evaluación), como a la superación guiada -vía planes de superación profesional- de tales carencias y falencias (el acompañamiento) en pro de unas intervenciones pedagógicas de la mayor calidad, que garanticen aprendizajes del mismo orden en los educandos.

Téngase en cuenta en este caso, como es obvio, que los procesos de evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza deben operar en todas las dimensiones del acto educativo; a saber, en las dimensiones antepreactiva o antepreáulica (situacional), preactiva o preáulica (de diseño y construcción), interactiva o áulica (de intervención en el espacio pedagógico) y posactiva o posáulica (de reflexión y toma de decisiones), proceso en el que no tienen cabida, desde luego, subjetividades como tiempos extra horarios, quehaceres extralectivos y no lectivos que puedan demandar ciertas sui géneris causas directivas.

El tema de fondo estriba en que, tratándose de los derechos laborales y fundamentales de los profesores -en lo que dice relación, por ejemplo, con el debido proceso, mismo que por lo demás puede quedar de suyo garantizado con la sola instalación de Sistemas de Evaluación y Acompañamiento a la Docencia en la Enseñanza efectivos-, pero también tratándose de los derechos discentes que indirectamente, qué duda cabe, pueden verse afectados por los malos climas laborales y pedagógicos generados como consecuencia de unas, por lo menos, erróneas políticas directivas y técnico-pedagógicas puestas en acción en materia de constatación de la calidad del desempeño docente institucional, estos han sido y siguen siendo lamentablemente vulnerados en desmedro especialmente de los profesores a contrata, quienes al término de cada periodo escolar, deben verse enfrentados a la incertidumbre de contar o no con trabajo para el siguiente año, y todo esto a vista y paciencia de algunas autoridades educacionales, las cuales, por acción u omisión, han sido refractarias al clamor de los enseñantes, pese a que en todo momento han tenido la razón.