Mi voto de ratificación al acuerdo adoptado el 15 de noviembre es para ayudar a sanear su efecto de origen que lo debilita: haber tomado un acuerdo bajo la amenaza del uso de la fuerza. No todos sus alcances son evidentes ni previsibles, pero estoy convencido de que la ratificación en el Parlamento por parte de personas elegidas ayudará de alguna forma a sanear el defecto que lo origina.

Ahora bien, estoy en completo desacuerdo con una nueva Constitución. Estoy convencido de que este órgano rector, que logró posicionarnos primero frente a nuestros pares, hizo posible tener un tratado de libre comercio con más de 60 países (estamos hablando de más del 60% de la población mundial), por lo tanto, no requiere ser desechado, pero sí reformado y estoy dispuesto a asumir como diputado de la República esta responsabilidad, que es una responsabilidad constitucional.

Para esto, debemos tener claros algunos puntos:

- Se protege la vida del que está por nacer desde su concepción hasta su muerte natural.

- La familia es el núcleo de la sociedad y el pilar del Estado.

- Más poder a las regiones.

- Más participación ciudadana.

- Pleno reconocimiento a los pueblos indígenas.

- Un Estado y una sociedad civil al servicio de la Nación.

- Un país que asegure la integración y la dignidad.

- Reformas al Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Poder Judicial, entre otros puntos.

Esta Constitución, la que tenemos hoy, está firmada por el ex presidente Ricardo Lagos, ha tenido más de 30 modificaciones, y en estas se han corregido más de 100 artículos. Por lo tanto, no es un problema constitucional que, por ejemplo, la educación y la salud estén en pleno cuestionamiento.

El Estado tiene deudas administrativas y esto no es un problema de la Constitución. Creo y considero que es más importante fortalecer las áreas del Estado. Es decir, que toda legislación en cuanto a su función se encuentre fortalecida. Cumplí con el acuerdo adoptado, ahora trabajaré incansablemente por el rechazo a una nueva Constitución.