Nuestro país tiene un sistema de pensiones de capitalización individual, el cual está compuesto de tres mercados integrados verticalmente: el primero es el que está asociado a la gestión de cartera, el segundo que corresponde al seguro de sobrevivencia e invalidez y el tercero que corresponde a la modalidad de pensión que la persona elija que puede ser una AFP, una compañía de seguros o un mix entre la AFP y la Compañía de Seguros. 

La labor que realizan las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sistema que se encuentra regulado y que le permite a cada cotizante elegir entre 5 alternativas de inversión que, reconocidos por una letra que va desde la A a la E (Fondo A, B, C, D y E) cuyas diferencias sustanciales se encuentran asociadas al tipo de instrumentos en que se invierten los fondos, así en el fondo A la mayor parte de los recursos se invierten en instrumentos de renta variable (acciones) que presentan una volatilidad mayor (riesgo mayor), pero al mismo tiempo una rentabilidad de largo plazo mayor, mientras que en el otro extremo se ubica el fondo E que corresponde a instrumentos de renta fija (bonos o depósitos a plazo) que presentan una volatilidad menor (menor riesgo), y una rentabilidad de largo plazo menor. Ningún fondo asegura rentabilidad y en cierta forma se encuentran interrelacionados, por ejemplo, si se incrementa la demanda de acciones es probable que se reduzca la demanda de bonos o la demanda de depósitos.

Se observa una buena gestión de cartera que se ha ido perfeccionando y evolucionado de acuerdo al desarrollo y apertura que ha experimentado el mercado de capitales, en una primera etapa sólo se podían adquirir instrumentos de deuda y básicamente deuda del Estado, luego se abre para la capitalización de empresas, pero cuando el mercado se encontraba maduro y se tenía una cartera limitada de acciones con un fondo que va creciendo debiendo comprar esa cartera limitada, entonces se alimenta una burbuja especulativa, de ahí la necesidad de permitir la diversificación de la cartera de inversiones pudiendo invertir en instrumentos de otros países, a medida que el mercado de capitales evolucione, también debe evolucionar la normativa asociada a las posibilidades de inversión que tengan las AFP, el objetivo es invertir en instrumentos que tengan buenas perspectivas de retornos futuros. En ese ámbito las AFP permiten mayor competencia y opciones dentro del mercado de capitales, en la actualidad existen más de 1.200.000 cuentas de ahorro previsional voluntario (APV) que entregan una rentabilidad real bastante mayor a la que pueda entregar un depósito a plazo y al mismo tiempo sirve para aquellos que desean incrementar su pensión futura. Aquí solo pueden abrir una cuenta 2 aquellas personas que han cotizado en una AFP, esa restricción se debe eliminar, y permitir a cualquier persona abrir una cuenta dos utilizando los instrumentos y regulación que tienen las AFP para invertir sus ahorros.  

En general, se indica que los sistemas de reparto son una estafa piramidal, porque los cotizantes que pagan las pensiones actuales son más que los que le pagarán la cotización de la pensión a ellos (ejemplo 3 a 1, versus 1 a 1), dado que hoy la población activa es mayor que la pasiva, entonces los jubilados actuales reciben mejores pensiones que los jubilados del futuro cuando disminuya la población activa respecto a la población pasiva. Ese problema lo enfrentan hoy las FFAA, que incluso tienen reglas tan antiguas como pagar una pensión no sólo al funcionario y su viuda, sino que además a las hijas solteras sin consideraciones a la edad.  De ahí la necesidad de generar un sistema mixto que combine la capitalización individual con un sistema de reparto que permita una solidaridad intergeneracional.

Se requiere desintegrar verticalmente cada mercado con soluciones diferentes apropiadas para su objetivo, en el caso de la gestión de cartera o labor que realiza las AFP, dicho mercado podría ser dinamizado con más competencia y ahí se puede crear una AFP Estatal que compita con las mismas reglas que las otras AFP, que genera más confianza a los cotizantes para verificar una atomización mayor del mercado y le permite al Estado tener experiencia en la gestión de cartera, control de los costos asociados para entregar un buen servicio y tener una red de sucursales para atender a sus afiliados (inversiones), de esta forma se pueden comparar los costos operativos, además debe existir una experiencia en dichos mercados antes de proponer soluciones de estatización, aunque también es válido comentar que el Estado ya tiene cierta experiencia en el manejo de cartera, a partir de la instauración de la regla de superávit estructural que se implementó en el Gobierno de Ricardo Lagos con Nicolás Eyzaguirre de ministro de Hacienda, por esta labor las AFP cobran comisiones que van desde 0,69% a 1,45% de la rentan imponible.  

Por otra parte, tenemos el seguro de invalidez y desgravamen que requiere transformaciones en su forma de operar.

Por último, el pago de la pensión, en este ámbito existen 4 modalidades de pensión: el retiro Programado que es pagado por una AFP las AFP cobran una comisión que es distinta a la que puedan cobrar cuando la persona es activa, la renta vitalicia Inmediata que es pagada por una compañía de seguros de vida, la renta temporal con renta vitalicia diferida que es pagada por una AFP y una compañía de seguros y la renta vitalicia inmediata con retiro programado que es pagada por una AFP y una compañía de seguros. Cuando las personas se van a jubilar pueden recurrir a un asesor previsional, quien puede cobrarle comisión por hacer el trámite de pensión, la que generalmente es un porcentaje del saldo que tiene el afiliado o afiliada para financiar su pensión, que dada la asimetría de información casi siempre es equivalente a la comisión máxima que es del 2% del fondo que el afiliado tiene en su cuenta de capitalización individual, con un tope de 60 Unidades de Fomento (UF) (1.680.000), lo anterior indica que antes de iniciar el proceso ya se pierde una parte del ahorro, para pagar dicha comisión.

Si pensamos implementar un sistema Mixto de capitalización individual con un sistema de reparto debiendo compatibilizar ambos sistemas, eso es absolutamente necesario, dado que la solución a las bajas pensiones se realizará con cargo a los impuesto de todos los chilenos y por tanto la responsabilidad final del sistema recae en el Estado, no en las AFP e integrando todos los sistemas de pensiones y bajo condiciones similares, función que debería realizar el Estado simplificando el proceso en término de las opciones y bajo otras consideraciones.  

Esto permite aprovechar parte del incremento de la cotización adicional para pagar una pensión que permita entregar un monto razonable para cubrir a lo menos una canasta básica por sobre la línea de pobreza. De esta forma, se podría utilizar entre un 2 a 3% a través de un reparto intergeneracional.