martes 15 de octubre, 2019

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Educación legal, entre la práctica y la ciudadanía


 Por La Tribuna

Sebastián Martínez Roa
Abogado Universidad de Chile
Director ONG Educación Legal Ciudadana

Como abogado es común ver casos que se ven frustrados por la inacción de un potencial cliente, por ejemplo, un deudor que busca auxilio letrado a la semana de ser trabado su embargo -en este tipo de juicios el plazo para defenderse habitualmente es de sólo cuatro días, vulnerándose el patrimonio del presunto deudor; o ver opiniones que objetan el actuar del Ministerio Público y de Tribunales, señalando que un arresto domiciliario no es el castigo correcto ante una felonía grave, cuestión que resulta improcedente, toda vez que esta medida es aplicada durante la investigación, en una instancia previa al juzgamiento y sentencia de los criminales. Estos hechos inevitablemente desencadenan malas opiniones y desconfianza en quienes prestan servicios públicos.

No creo que este tipo de infortunios sean achacables al sistema educativo en general, resultaría inoficioso cargar aún más la malla académica o desplazar saberes de mayor transcendencia. Tengo la sospecha de que la responsabilidad por la distancia entre el público y el saber jurídico es responsabilidad histórica de quienes ejercemos el Derecho como profesión, que lo hemos embargado y transformado en una entelequia ilegible para quienes no han recibido formación formal en dicha disciplina.

Resulta curiosa esta distancia en nuestra idiosincrasia legalista: parte importante de la discusión política trata sobre reformas de ley; tenemos leyes que regulan materias sumamente específicas, como el volumen de la radio en el transporte público o los lugares donde los fumadores pueden ejercitar ese poco saludable habito.

Si el Derecho está presente en todo nuestro quehacer, en todo tipo de actividades, resulta razonable entender que su desconocimiento es perjudicial para la vida cotidiana, en su sentido más práctico. Cómo reclamar cuando lo que compramos esta defectuoso si no conocemos las instituciones esenciales del derecho de consumo; cómo dar apoyo a nuestros adultos mayores si desconocemos las reglas relativas a curatorías; cómo dar los cuidados necesarios a nuestras mascotas, si no sabemos a lo que nos obliga la Ley N° 21.020 (la conocida por todos como ley Cholito).

Sin embargo, la necesidad de conocer el Derecho no se agota en las vicisitudes de la vida diaria. Conocer el Derecho nos permite una participación política activa: implica conocer nuestros poderes como fiscalizadores de los órganos de la administración pública; nos permite criticar las propuestas de nuestros representantes, las que no pocas veces son asistemáticas o redundantes con el Derecho vigente; y saber cuáles son las distintas instancias en las que podemos participar directamente.

Por esto creo que los abogados tenemos una responsabilidad cívica – producto de la sensibilidad del tema y de nuestra falta en acrecentar la distancia entre el Derecho y la ciudadanía -consistente en la promoción de una cultura de la legalidad, en el hacer partícipes a nuestros clientes en la resolución de sus conflictos jurídicos y en la promoción de actividades de formación legal para la ciudadanía.

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