miércoles 11 de diciembre, 2019

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Opinión

Acusación constitucional: el bien por sobre la ideología


 Por La Tribuna

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La acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se ha tomado gran parte de la agenda en estas semanas. Y en la antesala de la discusión en la sala de la Cámara de Diputados de este martes, es importante precisar algunas situaciones.

La educación y todo lo que se genere en torno a ella causa ruido. En el último año, Aula Segura, Sistema de Admisión Escolar (SAE), Gratuidad y los incidentes en los colegios emblemáticos han sido el foco a seguir, apuntando a un culpable –aunque no lo sea–: el Mineduc.

Pero esto no es nuevo. Ya lo saben algunos de sus antecesores. Yasna Provoste y Harald Bayer fueron destituidos mediante acusaciones constitucionales por sus gestiones. No obstante, varios parlamentarios, que incluso serán juez y parte con la ministra Cubillos, se han “arrepentido” de dicha situación.

Pero volvamos al foco. ¿De qué se le acusa a la ministra? Parte de la oposición alega que Marcela Cubillos apunta a la educación como un sistema de consumo, más que como un bien social.

Sumado a ello, se le cuestiona que ha faltado al ejercicio del cargo, infringiendo la Constitución y las leyes al no respetar la privacidad y datos personales. También se le acusa de no haber ejecutado de la óptima manera  el presupuesto para los Servicios Locales de Educación, y haber discriminado de manera arbitraria con las educadoras diferenciales al no entregarles un bono. Todo ello, sumado a las constantes críticas por la implementación del SAE.

Con todos estos antecedentes, parte de la oposición decidió realizar la acusación. Sin embargo, destacados juristas han expresado que la acusación carece de justificación, por lo que es un misterio lo que sucederá, pese a que ya existen algunos indicios en la Comisión Revisora. Otros dicen que es una estrategia opositora para sacar a la ministra debido al miedo que ella está generando ante una eventual carrera senatorial y presidencial, y sus opciones de ser electa.

Con la conocida historia de destituidos ministros en el pasado, cabe preguntarse: ¿Las acusaciones constitucionales pueden dañar al Estado? Y aunque la respuesta puede tener muchas aristas, lo cierto es que si se sobreponen los intereses propios y partidistas, claro que lo daña. Las políticas públicas en educación deben estar por sobre todo.

Espero que esta acusación constitucional no se convierta en un show mediático, sino que prime el sentido común y lo más importante, la educación de todas y todos los chilenos.

Cristóbal Urruticoechea, diputado por el distrito 21 de Los Ángeles.

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