La acusación

constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se ha tomado

gran parte de la agenda en estas semanas. Y en la antesala de la discusión en

la sala de la Cámara de Diputados de este martes, es importante precisar

algunas situaciones.

La

educación y todo lo que se genere en torno a ella causa ruido. En el último

año, Aula Segura, Sistema de Admisión Escolar (SAE), Gratuidad y los incidentes

en los colegios emblemáticos han sido el foco a seguir, apuntando a un culpable

-aunque no lo sea-: el Mineduc.

Pero

esto no es nuevo. Ya lo saben algunos de sus antecesores. Yasna Provoste y

Harald Bayer fueron destituidos mediante acusaciones constitucionales por sus

gestiones. No obstante, varios parlamentarios, que incluso serán juez y parte

con la ministra Cubillos, se han arrepentido de dicha situación.

Pero

volvamos al foco. ¿De qué se le acusa a la ministra? Parte de la oposición

alega que Marcela Cubillos apunta a la educación como un sistema de consumo,

más que como un bien social.

Sumado

a ello, se le cuestiona que ha faltado al ejercicio del cargo, infringiendo la

Constitución y las leyes al no respetar la privacidad y datos personales.

También se le acusa de no haber ejecutado de la óptima manera  el presupuesto para los Servicios Locales de

Educación, y haber discriminado de manera arbitraria con las educadoras

diferenciales al no entregarles un bono. Todo ello, sumado a las constantes

críticas por la implementación del SAE.

Con

todos estos antecedentes, parte de la oposición decidió realizar la acusación.

Sin embargo, destacados juristas han expresado que la acusación carece de

justificación, por lo que es un misterio lo que sucederá, pese a que ya existen

algunos indicios en la Comisión Revisora. Otros dicen que es una estrategia opositora

para sacar a la ministra debido al miedo que ella está generando ante una

eventual carrera senatorial y presidencial, y sus opciones de ser electa.

Con

la conocida historia de destituidos ministros en el pasado, cabe preguntarse:

¿Las acusaciones constitucionales pueden dañar al Estado? Y aunque la respuesta

puede tener muchas aristas, lo cierto es que si se sobreponen los intereses

propios y partidistas, claro que lo daña. Las políticas públicas en educación

deben estar por sobre todo.

Espero

que esta acusación constitucional no se convierta en un show mediático, sino

que prime el sentido común y lo más importante, la educación de todas y todos

los chilenos.

Cristóbal Urruticoechea,

diputado por el distrito 21 de Los Ángeles.