Francesca Parodi Oppliger

Seremi de Gobierno del

Biobío

La discriminación, en sus diferentes formas, es un fenómeno que persiste en la sociedad a nivel global. Si bien en nuestro país se han tomado medidas, como campañas de difusión en colegios, es un tema en el que continuamente debemos seguir avanzando.

Fue el año 2013 cuando se realizó la Primera Consulta Ciudadana

sobre Discriminación a nivel nacional, cuyos resultados evidenciaron las

principales causas por la que los chilenos se han sentido discriminados o por

la que han discriminado a otros.

Pero a seis años de esa consulta, es necesario contar con datos

actualizados. Es por esto que el Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo

proceso participativo que tiene por objetivo perfeccionar la Ley 20.609, más

conocida como Ley Zamudio, y que estará a cargo del Observatorio de

Participación Ciudadana y No Discriminación, perteneciente al Ministerio

Secretaría General de Gobierno.

La idea es que los cambios que se puedan introducir a la

legislación partan de un diagnóstico certero de lo que ocurre a lo largo de

nuestro país. Cabe destacar que el programa de gobierno del Presidente Piñera

ya se había comprometido a perfeccionar esta ley y a elaborar una política

nacional antidiscriminación para todos los órganos del Estado.

Este punto es de suma importancia, ya que los datos de la

Primera Consulta demuestran que un 48 % de los habitantes de nuestra región se

ha sentido discriminado alguna vez en un servicio público. Pero esta

información también nos muestra esta compleja realidad desde el otro lado. Por

ejemplo, el 40 % de las personas reconocía haber discriminado a otro por

apariencia personal y el 28 % lo ha hecho por razones políticas o religiosas.

De esta forma, es necesario actualizar la información para

advertir la evolución de este fenómeno y plasmarlo en una legislación más

efectiva y que logre el objetivo de erradicar la discriminación en sus

distintos tipos.

Pero la consulta es solo una parte del proceso, ya que la

participación también implica diálogos ciudadanos en regiones que recogerán la

visión y la experiencia de distintos grupos, para así enriquecer la toma de

decisiones. La información que se levante en estos diálogos será recogida por

una mesa técnica nacional que se encargará de elaborar el diagnóstico y las

propuestas necesarias para el perfeccionamiento de la ley.

El compromiso de nuestro Gobierno es mejorar la calidad de vida

de los chilenos, y para eso es crucial promover cambios en nuestra sociedad,

sobre todo en temas tan delicados como la tolerancia y la sana convivencia

entre nosotros mismos. Esperamos que con la participación de la mayor cantidad

de ciudadanos este proceso pueda ser un avance sustantivo en el combate a la

discriminación.