A los pocos meses de haber egresado como profesor normalista e

iniciado mis actividades en la Escuela Nº 46 de Villa Mercedes, comuna de

Quilleco, el 24 de agosto de 1961 se inició la huelga más larga del magisterio

chileno convocada por la entonces Federación de Educadores de Chile que duró 55

días y que terminó el 19 de octubre y, aun reiniciadas las clases, los

educadores del Norte Chico, de Talca, de Los Ángeles, de Osorno proseguían

marchando... (Iván Ljubetic).

La primera huelga de docentes en Chile y América fue iniciada

por un grupo de profesores del Instituto de Educación Física el 12 de agosto de

1918 y duró 3 días, logrando su objetivo: que se pagara a los maestros una

gratificación que se les negaba.

Estas huelgas, como tantas otras, que ha tenido que realizar el

profesorado, es el último recurso y, quizás, la única herramienta que ha tenido

el gremio para que se le haga justicia y se le reconozcan sus derechos,

situación que ha sido una constante para los profesores que se desempeñan en la

educación pública que, en los inicios del siglo XX, no tenían iguales

beneficios que otros funcionarios estatales, situación sujeta a la ley de

presupuesto cuya aprobación dependía de las rencillas de los partidos

políticos. Situación que hoy no ha cambiado mucho, menos cuando existe la

tendencia del propio Estado de otorgar cada vez menos atención a la educación

pública.

Sacrificadas marchas de a pie de muchos kilómetros de profesoras

y profesores, agotadores viajes a concentraciones  en distintas ciudades, ollas comunes, huelgas

de hambre, han formado parte de la lucha por la dignidad de su profesión del

gremio más grande del país, obligado por un desempeño laboral en ambientes

materiales deplorables, presionado por resultados cuantitativos (lo formativo

está ausente y si la escuela no mejora sus resultados, se cierra), temor al

cese laboral, promesas de los gobiernos incumplidas, deuda histórica impaga y

baja consideración social y de la élite política que olvida que ha sido la tarea

de los profesores lo que ha permitido al país su crecimiento y desarrollo y a

la clase dirigente estar donde está.

Los profesores saben bien cuál es el costo que deben pagar

cuando se movilizan; se les acusará del daño que hacen a los estudiantes cuando

dejan de atender a los alumnos más vulnerables (en circunstancias como ésta es

cuando las autoridades se acuerdan de ellos) y los hacen responsables de los

magros resultados de un sistema educativo que no ha sido prioridad en las

políticas públicas.

Los profesores, que sí tienen consciencia social, saben que su

profesión no los hará ricos, pero legítimamente esperan  que le permita vivir dignamente y que, al

final de su vida laboral, no tengan una pensión de hambre.

Puedo asegurar que a los profesores no les gustan los paros de

actividades y sólo los asumen cuando no queda otro camino, entendiendo que su

tarea educativa incluye la promoción y ejercicio de la igualdad, la libertad y

la justicia; la participación ciudadana, la defensa de los derechos de las

personas y el respeto por la dignidad personal, laboral y profesional. Si no

están ellos mismos en condición de practicarlos, ¿Cómo podrían enseñarlos?

La autoridad debe saber que tratar de someter a los docentes a

su visión personal de la educación no es el camino.

Alejandro Mege

Valdebenito.