miércoles 17 de julio, 2019

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Fraudes bancarios


 Por La Tribuna

Juan Pablo Pinto Geldrez

Tras conocerse un nuevo caso de filtración de datos de tarjetas de crédito, esta vez la responsabilidad apuntó a Redbanc, proveedor que presta servicios de procesamiento de transacciones, principalmente de cajeros automáticos.

El robo de datos de 41.593 tarjetas de débito y crédito de clientes de 13 instituciones financieras terminó con fraude en 82 tarjetas, por un monto aproximado de $23 millones, según información entregada por la propia Asociación de Bancos (ABIF). 

Tras tomar conocimiento de este hecho, el Sernac a través de un oficio, solicitó a la empresa información respecto de las causas de la filtración, las instituciones que se vieron afectadas, el número de operaciones detectadas con patrón de fraude, los mecanismos utilizados para informar este incidente, la cantidad de reclamos recibidos y las medidas de acción implementadas para mitigar los efectos, entre otros antecedentes.

La Ley del Consumidor (LPC) establece que todas las empresas financieras deben entregar servicios y productos seguros y tomar las medidas resguardar el patrimonio de los consumidores que les fue encomendado. Este principio ha sido ratificado por los tribunales de Justicia en múltiples fallos.

Los consumidores confían su dinero a las instituciones financieras entendiendo que su dinero estará resguardado. Si bien los consumidores deben cuidar sus datos personales y tomar precauciones básicas para no ser víctimas de fraude, las empresas deben tener mecanismos de seguridad y considerar el historial de sus propios clientes.

Nadie más que las instituciones financieras conocen su negocio y a sus clientes. El mínimo resguardo es que comprueben la identidad de sus clientes, tengan mecanismos de seguridad y los informen a los consumidores, así como estar atentos a cualquier nueva modalidad de fraude.

Si a un consumidor se le cobran compras realizadas por terceros, o por servicios que no contrató, la empresa deberá probar que sus mecanismos fueron seguros y que actuó profesionalmente.

En este sentido, las empresas deben hacer las inversiones en tecnología que sean necesarias para prevenir la clonación de las tarjetas u otros fraudes, y en caso de producirse algún problema que afecte a los consumidores, lo que se espera es que entreguen soluciones rápidas y oportunas a los afectados.

Los consumidores tienen derecho a que las empresas le respondan, hayan o no contratado un seguro atendiendo a su deber de profesionalidad. Por ejemplo, ante un robo de una tarjeta, el banco siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa; en el caso de clonación, debe tener mecanismos asociados a los medios de pago que tengan prevención antifraudes.

Actualmente en el Congreso se tramita un proyecto de ley que pretende fortalecer la regulación en este tema.

Juan Pablo Pinto

Director regional Sernac Bío Bío


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