Desde hace un tiempo en medios

nacionales se han difundido  preocupantes

estadísticas respecto a la tasa de ocupación laboral de la formación doctoral

en profesionales chilenos.

Los datos que arrojan,

encuestas y bases de datos distan mucho en la información que entregan unos y

otros.

Una encuesta realizada por la

ANIP Asociación de investigadores de postgrado, el año recién pasado emitía la

alarmante cifra de desempleo de un 12%, sin embargo el Censo del 2017, indicó

que sólo el 2,5% de quienes alcanzaron ese nivel de estudios se encontraba

desempleado, sin embargo, cabe señalar que la redacción de la pregunta pudo

haber influido en esta merma tan considerable.

Conicyt también informó que solamente

un 7,4% de sus becarios, se encontraba desempleado, aunque hay que considerar

que no todos los doctores han dispuesto de un financiamiento estatal (éste u

otro) para cursar sus estudios doctorales, por ende, la muestra se restringe un

poco más.

En conclusión, el panorama no

es global y no permite establecer una versión completa de la realidad laboral

de la situación de empleabilidad de los doctores en Chile.

Sin embargo, el debate debe

abrirse hacia otras cuestiones que superan la mera estadística y que dicen

relación con otras inquietudes no menos dramáticas, como por ejemplo, qué tipo

de doctores necesita el país y cuáles son los paradigmas actuales que

involucran la investigación en Chile.

A estos factores hay que

agregarle variables tales como la informalidad laboral, tipos de contrato, las

opciones reales de inserción laboral de un Doctor cuando retorna al país, la

responsabilidad que el país y las universidades tienen en torno a sus becarios

y el reemplazo de la carrera investigativa por otros oficios para el sustento

económico, entre otros.

Se han conocido en las redes

sociales las quejas de algunos doctores que han visto reducir los fondos

estatales para el desarrollo de sus investigaciones en áreas tan sensibles como

la ciencia para el desarrollo tecnológico y social del país. Aquella política

pública país que reduce gastos o bien que no asegura una inserción laboral

digna en su potencial intelectual, no permitirá evidentemente un avance en el

nivel de desarrollo tecnológico y social del mismo.

Lamentablemente, aún el Estado-

a pesar del aumento en estos últimos años en un 38% en la inversión en

becarios- es incapaz de valorizar su recurso intelectual y su capital humano

y   es deber del mismo, cautelar que la

formación doctoral y por ende, investigativa del país sea de verdad un pilar

fundamental en el crecimiento del desarrollo tecnológico y social.

No debemos olvidar, que quienes

han logrado llegar a este nivel de formación y perfeccionamiento,  ya vienen de haber sorteado las estadísticas

propias de desigualdad existente en nuestro país tales como: origen social,

proveniencia establecimientos 

educativos, región de residencia, barreras  culturales, idiomáticas y ya en su regreso

deben salvar en algunos casos las brechas de la incomprensión de sus

instituciones patrocinantes,  de su grupo

de pares y hasta de los propios gremios, cayendo incluso en una

sobrecalificación cuando desean volver a sus antiguos trabajos. Por ello, es el

Estado quien debería regular y velar por la protección de este personal

altamente calificado, estableciendo ciertos estándares para que  estos profesionales contribuyan al desarrollo

y sean un aporte real al desarrollo y partícipes de la co construcción de las

ciencias.

Lilian

Burgos Araneda

Académica

Asociada

Universidad

Tecnológica de Chile