Recientemente el Presidente Piñera dio a conocer la Reforma Integral a la Salud, tal como lo planteó en su programa de gobierno. Esta contempla por el momento dos proyectos de ley, uno que impulsa el fortalecimiento de Fonasa, y el otro, un cambio en las Isapres.
Esta reforma contempla beneficios como mejoras de coberturas, acceso y calidad de las atenciones en los sistemas público y privado, fortaleciendo el rol de Fonasa, garantizando una atención oportuna, mejorando las bonificaciones. Se eliminan discriminaciones y se impulsa mayor transparencia, regulación y competencia en el sistema privado, haciéndolo además más solidario y seguro.
¿Por qué preocuparse de ambos sistemas y no solo del sistema público? Porque, si bien Fonasa protege a más de 14 millones de personas, hay un 20% restante de la población que cotiza en el sistema privado; sea la razón que fuera de la decisión de ese porcentaje de la población, se busca con esta reforma igualar, en cierta medida, la cancha para que cada individuo o familia pueda decidir si quiere estar en Fonasa o en una Isapre. Además, con una adecuada regulación, pueden perfectamente coexistir (y es necesario que así sea) un sistema público y un sistema privado de salud.
No es arbitrario contemplar los ejes esenciales del programa de gobierno del presidente Piñera, ya que nos hace recordar que hace más de 40 años, 134 países y 67 organizaciones internacionales se comprometieron, en un documento llamado Alma Ata, a lograr ”salud para todos en el año 2000”. Alma Ata permitió introducir en la agenda política conceptos como atención integral, universalidad, equidad y accesibilidad.
Después de avances y retrocesos en estas materias de los países comprometidos, en octubre del 2018 se ha firmado un nuevo documento, la Declaración de Astaná, que traza un camino a seguir para alcanzar la cobertura universal de salud. La OMS, por su parte, dedicó el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a la cobertura sanitaria universal, y se propuso cumplirla antes del 2030. En septiembre será el tema de la Asamblea General de la ONU; ya el 2015 se habría comprometido este objetivo en el marco del Desarrollo Sostenible.
¿Qué es la cobertura sanitaria universal? La OMS la describe como “asegurar que todas las personas reciben los servicios sanitarios que necesitan”, pero añadiéndole “sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Considera a la cobertura sanitaria universal como “una herramienta poderosa no solo para mejorar la salud, sino también para reducir la pobreza, crear empleos, impulsar el crecimiento económico inclusivo y promover la igualdad de género”. Sin embargo, no implica la cobertura gratuita de todas las intervenciones sanitarias, ya que ningún país puede permitirse ofrecer todos los servicios gratuitos de forma sostenible y se sugieren fuentes de financiación obligatorias que permitan repartir los riesgos financieros relacionados con una enfermedad entre la población.
Los proyectos de ley presentados son el comienzo de una serie de medidas necesarias que debemos asumir como país, y no como sector político. Estas reformas se deben abordar con un trabajo multisectorial, tolerante y transversal que incorpore un esfuerzo en conjunto entre el Estado y la sociedad civil, haciéndose cargo tanto de problemas urgentes –como lo que se busca con estas medidas inmediatas–, como problemas estructurales, que deben ser afrontados con responsabilidad y consistencia a lo largo de los años.