jueves 20 de junio, 2019

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Opinión

Familia, sociedad e identidad

Alejandro Mege Valdebenito.


 Por Sebastián Carrizo

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Sobre la propuesta gubernamental de establecer el control de identidad de las personas a contar de los 14 años para detener la participación de menores  en acciones delictuales se han producido  reacciones encontradas entre los  actores sociales. Para quienes apoyan la medida, el aumento de la delincuencia de menores, el trauma que sufren los afectados, así como el temor y la sensación de inseguridad que produce en la comunidad, requiere medidas legales que permitan controlarla. Por su parte, quienes critican la propuesta afirman que atenta contra la libertad individual y los derechos humanos y no es eficiente para combatir la delincuencia y se le acusa que en su redacción no fueron considerados precedentes internacionales que la avalen, existiendo además,  desde el año 2016, la ley que autoriza a la policía  para solicitar la identificación a cualquier persona mayor de 18 años que circule por lugares públicos.

 

Sobre la materia existe un estudio –al parecer el único realizado en Chile- de la Biblioteca del Congreso para conocer cómo se realizan estos procedimientos en España, Alemania, Estados Unidos, Francia y Perú, concluyendo que ninguna de las normativas estudiadas de estos países permite controlar la identidad de cualquier persona sin causa justificada o  sospecha que induzca a realizar un control. Lo que si se sospecha  es que los controles de la ley  que se propone resulten selectivos y sigan siendo  las personas de los niveles sociales, económicos y culturales  menos favorecidos  los permanentes sospechosos.

 

Sin embargo, bien sabemos que en general las leyes por sí solas no cambian las conductas de los seres humanos, es cosa de ver lo que ocurre con las leyes del tránsito, la evasión tributaria, los derechos del consumidor,  la probidad pública, la violencia intrafamiliar, entre tantas otras, para cuyos transgresores no existe suficiente personal policial ni tribunales de justicia para controlar y enjuiciar sus acciones delictivas, ni suficientes recintos de reclusión que les den cabida, ni menos aún que el encierro redima a los infractores. Acciones que sólo consideran los efectos de la delincuencia, más no las causas que la provocan.

 

Una de ellas es el rol de la familia donde la educación y formación de los hijos es débil, indiferente e, incluso, irresponsable. Y, ¿qué decir del cuerpo social? Donde el ejemplo de las personas – no de las instituciones a las que pertenecen, que resultan vulneradas- que eran respetadas y modelos dignos de imitar, han cometido actos delictuales mucho más graves por los cargos que ocupan y la responsabilidad que tienen que los menores infractores. Esa confianza en ellos hizo que las señales de posibles ilícitos no fueron tomadas en cuenta lo que habría permitido que mucha vergüenza y dolor, así como la malversación de recursos públicos, se podría haber evitado. Por eso, no solo controles de identidad son necesarios, también se requieren controles de idoneidad y probidad.

 

Aunque resulte duro reconocerlo,  la juventud que delinque es  el producto de  los deberes que, como familia e instituciones de la sociedad, hemos abandonado.


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