Que los profesores, en Chile, sean los únicos trabajadores del país que no tienen derecho a colación, es de suyo un hecho insólito; pero que cuando logran obtenerlo por negociaciones internas con sus autoridades institucionales u otro tipo de mecanismo mantenido en reserva, deban ejercerlo en las puertas mismas o al interior de un retrete eventualmente adaptado como lavaplatos, o cocina, o comedor, o todos a la vez; es francamente deplorable, constituyendo (¡qué duda cabe!), un atentado, un ultraje a la dignidad personal, profesional y funcionaria de los enseñantes, y un definitivo atropello a sus derechos laborales, fundamentales y humanos básicos (y a cuanto tratado internacional que en este orden hayamos convenido, en cuanto Estado, respetar), como fue lo que asomó al escrutinio público en un establecimiento educacional municipalizado hace unos días cuando, en el marco de una actividad destinada al reparto de útiles escolares para los estudiantes (la parte hermosa del momento), uno de los concejales de la comuna (miembro de la Comisión de Educación del Concejo Municipal), haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras y acicateado, en buena hora, tanto por los requerimientos de los docentes que se dirigieron a él y sirvieron de guía, como por la frase “nuestro colegio se está cayendo a pedazos”, expresada por el profesor encargado de este en la referida oportunidad, decidiera recorrer las distintas dependencias del mismo con el fin de constatar y registrar realidades que avalasen una futura reposición.

El hecho es que si bien la infraestructura de los establecimientos de enseñanza públicos nunca fue diseñada considerando espacios para la alimentación de los profesores y asistentes de la educación (ni antes, con la doble jornada, porque en apariencia no se justificaba; ni después, con la jornada escolar completa, pese a sus 22 años de vigencia), lo cierto es que renunciando de algún modo al beneficio de la duda –ello, por parte de la autoridad– con arreglo a la muy chilena práctica lingüística de la atenuación, se ha venido en desviar el quid del asunto con eso de las “salas integrales”, un pretencioso y antonomástico eufemismo de ocurrencia emergente en la idea de redefinir el sentido de las sempiternas salas de profesores, que no son otra cosa que, denotativamente hablando, dependencias concebidas para el trabajo antepreáulico, preáulico y posáulico de los docentes y un lugar de  encuentro para estos con sus pares en los momentos de descanso (los recreos), por ese intento de hacerlas pasar mediante un giro semántico connotativo a la condición de comedores o casinos (circunstanciales) que no son. Pero cosa muy distinta, aceptando que la realidad descrita ha sido desde siempre un hecho indesmentible, es que los formadores de las generaciones de recambio que la sociedad necesita para crecer y desarrollarse preparen y consuman sus alimentos en las puertas mismas o al interior de un excusado eventualmente adaptado como lavaplatos, o cocina, o comedor, o todos a la vez, como dije más arriba, mismo que de ser utilizado para sus naturales fines, por su sola ubicación (casi dentro de la “sala integral”), vulneraría, incluso, toda privacidad a sus cotidianos recurrentes. Un insulto imperdonable, la verdad.