domingo 18 de agosto, 2019

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Opinión

Vulnerabilidad social y educación

Fernando Quiroga Dubournais Vicerrector Sede Concepción Universidad San Sebastián


 Por Sebastián Carrizo

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Un tema de amplio debate en las últimas semanas ha sido el envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad a adolescentes menores de 18 años. Más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre el particular, la participación de niños en actos delictivos debe preocuparnos y concentrar todos los esfuerzos para trabajar en prevención.

En la Región del Biobío, 2.665 adolescentes infringieron la ley durante el año 2018. De ellos, 816 tenía entre 14 y 15 años. En la región también tenemos el lamentable caso de un joven que estuvo involucrado en 47 ilícitos como robos, hurtos, receptaciones, entre otros. Un duro prontuario para tan cortos años.

Los factores que influyen en que un joven cometa un delito son múltiples desde el consumo de drogas hasta el abandono familiar y la presencia de personas cercanas ligadas a bandas delictuales y, obviamente, la marginalidad social. Asimismo, la exclusión del sistema educativo es un factor preponderante que debe considerarse al momento de diseñar políticas públicas tendientes a enfrentar este complejo panorama.

Durante marzo, el Hogar de Cristo presentó un informe según el cual 358 mil niños y adolescentes de entre 6 y 21 años en el país están excluidos del sistema educativo. Si bien en los días posteriores el gobierno salió a desmentir la cifra e indicó que, de acuerdo a la CASEN 2017, el número de niños en esta condición llegaba a 138 mil, la situación es igualmente compleja y preocupante.

Nos preguntamos con inquietud: ¿En qué ocupa sus horas un niño de diez años que no acude al colegio? ¿Un adolescente qué hace con la energía y el entusiasmo propios de su edad si no estudia? ¿Quiénes rodean, durante el día, a estos niños y adolescentes que están al margen de las oportunidades que ofrece el sistema educativo?

Las respuestas a estas preguntas en muchos casos explican su participación en actos ilícitos. Debemos, por lo tanto, hacer los mayores esfuerzos por evitar que los niños queden excluidos del sistema escolar y de esta manera perpetúen su condición de marginalidad.

Para enfrentar este problema, el gobierno debe priorizar a este segmento de escolares que son los más vulnerables entre los vulnerables. Niños que además de vivir en situaciones extremadamente difíciles han visto coartado uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la educación. Es urgente realizar los esfuerzos necesarios para ampliar el número de establecimientos de reingreso para acoger a aquellos que, por diversos motivos, han dejado el sistema educativo en muchos casos en los primeros años de enseñanza básica.

Asimismo, debemos tener políticas efectivas de retención. Y en ese aspecto las universidades que formamos profesores tenemos el deber de inculcarles a los futuros pedagogos el sentido de responsabilidad que implica dedicarse a la educación. Debemos formar profesores con vocación y amor por sus estudiantes, conscientes de la relevancia de reconocer la diversidad que se vive en el aula y dispuestos a lidiar con grandes dificultades. Profesores que se comprometan con los procesos de aprendizaje de sus alumnos y contribuyan a su formación afectiva, social, ciudadana y valórica. Profesores que asuman el desafío de ser actores fundamentales en el desarrollo de todos los niños y adolescentes, en especial de aquellos más vulnerables.


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