Me produce indignación y malestar enterarme del anuncio del alza en los planes de salud de varias de las Isapres más importantes de nuestro país (Cruz Blanca, Colmena, Consalud y Banmédica), alza que, además, sería considerada la mayor en promedio de los últimos ocho años (5,1%).

Es una actitud arbitraria e ilegal, que vulnera el derecho de propiedad de los afiliados en virtud del contrato de salud celebrado entre estos y la Isapre respectiva, derecho de propiedad sobre cosas incorporales que está reconocido en nuestro Código Civil y que goza de protección constitucional (artículo 19 n°24).

Esta clase de hechos perjudican directamente el bolsillo de la “clase media”, afectan la certeza jurídica y la buena fe contractual. Desconocen los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia sobre la materia, promueven los reclamos en sede administrativa y los recursos de protección en sede judicial, al tiempo que acrecientan los cuestionamientos e inquietudes del actual modelo privado de salud por parte de la ciudadanía. 

Por otro lado, me parece oportuno y necesario que el gobierno esté buscando acortar el plazo que la Superintendencia de Salud dio a las Isapres para bajar los planes, a propósito de la decisión del regulador de postergar la norma hasta marzo de 2021 para la entrada en vigencia de la circular 31, emitida en octubre de 2018, argumentando que, si la medida se aplica de una sola vez, las Isapres más chicas podrían quebrar, generando repercusiones económicas.

Dicha circular ordena a las Isapres a bajar el precio de sus planes de salud de manera automática cuando los afiliados por edad dejen de estar en grupos de riesgo. Tal es el caso de los niños de 24 meses y las mujeres que cumplen 40 años.

Es que el impacto de aplazar la norma no sería menor. Un estudio de la empresa Queplan da cuenta de que la rebaja del factor de riesgo en el caso de los niños que cumplen dos años llevaría a reducir el precio de esos planes en promedio un 62%.

Rebajar, en tanto, este factor cuando las mujeres superan los 40 años significaría, en promedio, bajar esos planes en un 13% su costo actual.

No puede ser que el afiliado termine nuevamente haciéndose cargo de una decisión unilateral. Espero convencido de que las acciones parlamentarias que esta alza está motivando esclarezcan los hechos y lleguen a buen puerto en favor de quienes están siendo vulnerados en sus derechos ante la ley.