La educación es el hecho social más importante por el impacto que tiene en la formación   de los individuos como seres  libres y conscientes de la construcción de su propio destino y  el de la sociedad de la que forman parte, y cuyo sentido más profundo se reconoce de manera universal y ha sido incorporado en la legislación de las naciones como un derecho de todos y en toda su diversidad como el mejor medio para transmitir de modo depurado a las nuevas generaciones lo mejor de la civilización y la cultura de todos los tiempos, así como los códigos que rigen la vida en sociedad y que permiten la comunicación y el aprendizaje, junto, y de modo inseparable, a los principios y valores de conducta que les da a los individuos su condición de  humanidad.  Por esa razón, la educación no tiene partido político, confesión religiosa, teoría económica, condición social o de otro tipo que la instrumentalice con fines ideológicos y de poder que dividan a la sociedad en castas sociales, donde el futuro de las nuevas generaciones esté predeterminado desde su nacimiento.

La prevalencia de lo político-económico en la educación ha llevado a considerarla un bien de consumo, por lo que no resulta extraño que a las instituciones educacionales se las defina como industrias educativas (las palabras que se escapan desenmascaran las verdaderas intenciones) que deben producir ganancias y donde la calidad de la educación que se imparta es lo que menos importe, lo que ha generado un sistema educacional segmentado y clasista.

Por un lado, la educación privada -con todo lo legítima que sea-, de fuertes vínculos internacionales con grupos educacionales extranjeros que tienen colegios en todo el mundo, que han comprado (y siguen haciéndolo) redes de colegios nacionales, y que por no ser instituciones de beneficencia, lucran con la educación y solo anidan grupos sociales que están en condiciones de consumirla con la oferta de un futuro profesional exitoso.

Por el otro lado, la venida a menos de la educación pública, que tiene el deber constitucional y ético de dar posibilidades educacionales en igualdad de condiciones a toda la población que lo requiera, no logra dar respuesta a la responsabilidad que compete al Estado y a las autoridades electas por la ciudadanía, de dar el énfasis y sentido que corresponda a una educación de calidad para todos.

Así, cuando en el debatir la reforma educacional pública no se considera el derecho a la educación de calidad de toda la población escolar, proponer un sistema de admisión justa en una sociedad que es injusta solo profundizará las diferencias cuando no todos los escolares han recibido una educación de calidad que los habilite para acceder a un sistema de admisión justo, si no considera la educación recibida, de cuya calidad es más responsable el sistema escolar que los alumnos que sufren las consecuencias.