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Somos muchos los parlamentarios que estamos en contra de esta Indicación del Gobierno, y lucharemos para rechazarla, pero es menester que la gente también se oponga.
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, informó este fin de semana que el Ejecutivo ha ingresado una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que regula el Código de Aguas, mediante la cual se plantea ceder los derechos de agua a perpetuidad a los privados.
Aunque después trató de explicar que no quiso decir eso y que sólo se refería a derechos indefinidos sin caducidad, es igual de preocupante porque la escasez de agua ya es una realidad y con esta indicación se abre la puerta a los especuladores.
El agua debe pertenecer al Estado, a todos los chilenos y chilenas. En el gobierno de la Presidenta Bachelet se legisló para crear concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años, esto es, que el 10 por ciento del vital elemento, que aún no se ha otorgado cómo derecho privado, se entregue en concesión con caducidad a 30 años y renovable.
La Constitución de Pinochet protegió el agua de los privados, que en Chile llega al 90%, lo que significa que cualquier cosa que se quiera hacer con el agua, debe consultarse con sus dueños, de otra forma, el Estado debe pagar multimillonarias multas. Entonces, con la indicación sustitutiva que pretende agregar el Gobierno de Sebastián Piñera, toda el agua de Chile pasaría a pertenecer a los privados y para siempre.
Esto es una insolencia en contra de los 17 millones de chilenos y chilenas y de las generaciones por venir. El agua debe ser del Estado, de la gente, no de los privados y las empresas.
Somos muchos los parlamentarios que estamos en contra de esta Indicación del Gobierno, y lucharemos para rechazarla, pero es menester que la gente también se oponga.
Debemos establecer el derecho esencial al agua, como bien nacional de uso público. Chile es uno de los pocos países del mundo donde el agua es privada, donde la propiedad del vital elemento está separada. del dominio de la tierra, transformando a las aguas en un bien económico susceptible de ser privatizadas a perpetuidad o dando espacio para la sobre explotación privada mediante licitaciones.
Sin duda, el agua es un derecho humano esencial. El Código de Aguas de la dictadura y que favorece a los grandes grupos económicos impide cualquier posibilidad de hacer una reforma que toque sus intereses. Estos, a través del Consejo Minero que representa a las grandes transnacionales extractivistas; las hidroeléctricas, y el sector agrícola exportador, concentran la mayoría de estos derechos en propiedad. Hemos dicho que el agua es de todos los chilenos y chilenas y, por lo tanto, el fin último debiera ser desprivatizar totalmente el agua para asegurar que este vital elemento llegue a todos los chilenos y chilenas.
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