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Es cierto, el gobierno pudo sortear la ofensiva opositora y acotar sus efectos, pero en el horizonte se terminó de configurar un tema de mayor complejidad, y que requerirá de un nuevo diseño político.
Aunque parezca insólito, los principales errores comunicacionales del gobierno en la crisis de La Araucanía derivaron del simple hecho de creerle a Carabineros. Así, el asesinato de un comunero mapuche producto del disparo de su personal y la decisión posterior de destruir un medio de prueba, no solo dejaron por el suelo la credibilidad institucional, sino que pusieron al Ejecutivo contra las cuerdas. La oposición aprovechó el momento, exigiendo las responsabilidades políticas que la otrora Nueva Mayoría no pidió ni ejerció cuando, durante su administración, la fuerza policial implantó pruebas para inculpar falsamente a integrantes de la misma comunidad.
Pero el gobierno encontró en la DC un sorpresivo “aliado”, que a través del anuncio de una acusación constitucional en contra del ex intendente Mayol, permitió encausar la crisis y aminorar su alcance. La decisión de dejar caer a la autoridad regional y hacer rápidamente la pérdida, fue al final la clave que permitió al Ejecutivo retomar el control de la agenda, reimpulsar el Plan Araucanía e incluso concretar una visita presidencial a la zona. La puerta abierta por la DC hizo posible que el gobierno no solo marcara una diferencia respecto al negligente manejo de la Operación Huracán en la administración anterior, sino que lograra cerrar la arista de las responsabilidades políticas con una importa señal de autoridad.
De algún modo, la forma como el Ejecutivo abordó la crisis vino a confirmar una lógica que ya se había observado en el incidente sobre el Museo de la Memoria, que terminó con la renuncia del ex ministro Mauricio Rojas. Asumir con realismo la necesidad de pagar costos y hacerlo rápido, no dilatar decisiones inevitables y tener siempre como objetivo retomar el control de la agenda. En este caso, el gobierno sorteó un escenario que amenazaba incluso al ministro del Interior y lo hizo usando nuevamente a su favor las divisiones opositoras. En efecto, la jugada en solitario de la DC terminó desactivando un diseño que pudo haber complicado a La Moneda durante semanas, y esa es la causa de la honda molestia que este paso generó en sectores de la centroizquierda.
Por último, el control de daños implementado por la autoridad permitió focalizar el incidente en la que, sin duda, es una de sus aristas más delicadas: la crisis institucional de Carabineros, una situación en la que confluyen las interrogantes asociadas a la muerte de Camilo Catrillanca, pero que se remonta a los alcances de la Operación Huracán y del millonario fraude descubierto en sus filas. Un cuadro al que vino a agregarse ahora un elemento todavía más grave: la información hecha pública por el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, respecto a la presunta venta de armas realizada por oficiales o suboficiales de la institución a personas vinculadas al narcotráfico.
Es cierto, el gobierno pudo sortear la ofensiva opositora y acotar sus efectos, pero en el horizonte se terminó de configurar un tema de mayor complejidad, y que requerirá de un nuevo diseño político. La crisis institucional instalada en Carabineros y el Ejército supone un desafío de otro orden: hacerse finalmente cargo de la relación entre los institutos armados y el poder civil, una zona llena de opacidades desde el inicio de la transición. Y una realidad que terminó sobrepasando todos los límites.
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