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Negarse de plano a la búsqueda de un entendimiento amplio o seguir alineados con la idea de “no + AFP”, puede ya no resultar tan fácil o políticamente viable para los sectores más moderados de la oposición.
La primera señal, completamente inesperada, la entregó el domingo pasado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un programa de televisión: “nos interesa abrir las barreras y que entren otras instituciones en la administración del 10% de las cotizaciones que hoy administran las AFP”. En diversos segmentos de la industria saltaron las alarmas. Luego, fue un sector de la bancada de RN el que salió a reafirmar la misma idea, la disposición a poner sobre la mesa el fin del ‘monopolio’ que dichas empresas han tenido desde el inicio del sistema, para permitir que otros actores puedan competir también por la administración del ahorro privado.
Así, el anzuelo quedó lanzado, haciendo visible uno de los ejes que tendrá la estrategia del gobierno para dar viabilidad política al trámite legislativo. En rigor, La Moneda ha asumido que la trascendencia de una reforma al sistema previsional requiere de acuerdos sustantivos con sectores de oposición y que, aun siendo posible, no basta con salir a la cacería del ‘voto a voto’ para sellar su simple aprobación. Lo que se buscará, al contrario, es generar una base transversal de apoyo, que permita empezar a recomponer la legitimidad de un sistema altamente cuestionado.
La recepción del mensaje en la heterogénea gama opositora ha sido lenta pero no inexistente. En actores de la DC, PPD y radicales comienza a hacer sentido que la ventana de oportunidad abierta por el gobierno puede ser histórica, ya que supone empezar a explorar un acuerdo que permita, en palabras del propio ministro Larraín, “eliminar las barreras” de entrada que hasta hoy han permitido a las AFP un acceso exclusivo a la capitalización individual. Así, negarse de plano a la búsqueda de un entendimiento amplio o seguir alineados con la idea de “no + AFP”, puede ya no resultar tan fácil o políticamente viable para los sectores más moderados de la oposición.
En resumen, la audaz jugada del gobierno ha puesto por primera vez contra las cuerdas uno de los pilares del sistema previsional inaugurado en Chile hace casi cuarenta años, generando una inédita distancia entre el respaldo al principio de la capitalización individual y la posibilidad de hacer cambios relevantes en las normas para su administración. El debate sobre la eventual apertura a la competencia no sólo del 4,2% adicional que el nuevo proyecto sugiere, sino también del histórico 10% obligatorio, está destinado a convertirse en una de las claves y ejes de tensión de la reforma previsional ad portas de iniciarse. Algo hasta hace muy poco impensable, más aun propiciado por un gobierno de derecha.
Las cartas están sobre la mesa y dependerá ahora de la capacidad de negociación del Ejecutivo lograr que este trascendental paso pueda consumarse. Un camino no exento de riesgos y de incertidumbres respecto a su implementación, pero que va a situar el debate en un escenario muy distinto al que hasta ahora ha prevalecido. Un desafío también para la oposición, donde conviven sectores que todavía sueñan con la vuelta a un sistema de reparto, y los que asumen que la capitalización individual es ya un hecho de la causa. El sinuoso desbalance entre el peso de las consignas y el peso de las evidencias es finalmente algo que, desde hora, también estará puesto a prueba.
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