lunes 14 de octubre, 2019

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Opinión

Aula Segura o sociedad insegura

Alejandro Mege Valdebenito


 Por LESLIA JORQUERA

22-10-2018_18-25-181__alejandromege

En la ley que se tramita, junto a la opinión de la autoridad, los políticos, los especialistas en las ciencias de la conducta, importantes todos, por cierto, debió haberse considerado la participación de los propios estudiantes, de modo que los buenos alumnos, que son los más, sin sentirse amedrentados, puedan ser el dique que controle a los malos elementos.

 

Los graves acontecimientos provocados por estudiantes de algunos liceos bicentenarios y emblemáticos han impactado a la comunidad nacional, más que por la destrucción de bienes materiales –que ya resultan habituales-  por el ataque verbal y físico a las personas, a su dignidad como tales y una agresión a los principios y valores más básicos de respeto y convivencia que deben formar parte de todo sistema educacional humanamente formativo, racional y valórico, en una sociedad que se estima a sí misma culta y civilizada.

Frente a esta situación las autoridades han propuesto la llamada ley “Aula segura”, tramitada en el parlamento y que, según encuestas, concita un alto apoyo  de la opinión pública (y, cómo no, si a la escuela se le asigna la tarea de resolver todos los problemas sociales que la mayoría evita asumir) y que intenta reprimir internamente el vandalismo escolar sancionando a los responsables mediante  procedimientos con los que no todos concuerdan. Sin embargo, nadie podría afirmar que una probable aula segura  tenga algún efecto en las acciones estudiantiles fuera de ella, en una sociedad que es altamente insegura, incapaz de resolver los problemas sociales que son el detonante de las conductas de los alumnos que ingresan a los recintos escolares, que se reproducen y se  expresan al interior de ellos.

Ha llegado a tal punto la indolencia y dejación que se ha tenido, tanto por parte de las familias, como de  autoridades e instituciones, incluso restándoles autoridad y respaldo a las instituciones escolares, en el cumplimiento de los roles formativos que les corresponden para orientar las conductas de niños y jóvenes que, cuando las actitudes antisociales llegan a los niveles que nos preocupan, no se sabe cómo enfrentarlas que no sea con medidas punitivas.

La prevalencia de los derechos para comportarse como se estime, que se cree son mayores que los deberes cuando se es  joven y más aún si se es estudiante, ocurre ante la mirada impávida de los mayores, como si la etapa juvenil o adolescente fueran un manto de impunidad que los protege de cualquier reprimenda o sanción, que si no es oportuna y justa, no tendrá ningún efecto en el cambio de conducta.

La actitud delictiva de los escolares, si bien se puede  reproducir en la escuela – si ésta no está en condiciones de controlarla- no se generan en ella, llegan desde el exterior;  cada estudiante porta en su mochila la realidad socioeconómica y cultural en la que vive, la que moldea su conducta con mayor fuerza que la que ejerce la institución escolar.

Así, el aula escolar  será segura, en la medida que el aula social también lo sea.

Por eso, en la ley que se tramita, junto a la opinión de la autoridad, los políticos, los especialistas en las ciencias de la conducta, importantes todos, por cierto, debió haberse considerado la participación de los propios estudiantes, de modo que los buenos alumnos, que son los más, sin sentirse amedrentados, puedan  ser el dique que controle a los malos elementos, que son los menos.

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