sábado 19 de octubre, 2019

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Fernando Peña R., seremi Educación Biobío.


 Por LESLIA JORQUERA

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 El debate por los “problemas de fondo” no puede inmovilizar el ejercicio de la autoridad, menos ahora que es tan necesaria para resguardar la integridad de quienes dedican su vida a la labor docente. No destruyamos esa vocación.

 

Hace unos días el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en compañía de la ministra de Educación Marcela Cubillos, anunciaron un proyecto de ley que busca facilitar la expulsión de alumnos frente a hechos graves de violencia como la tenencia de armas, manipulación de artefactos incendiarios o la agresión a profesores o funcionarios de una escuela. Lo que se busca, es revertir lo que ocurre actualmente, por ejemplo, cuando un profesor es víctima de una agresión física, toda vez que entre el ataque y la sanción el profesor agredido debe convivir junto al estudiante agresor por casi un mes, lo que es sin dudas un atropello a la dignidad de nuestros docentes. De aprobarse el proyecto, el director de la escuela podrá expulsar al alumno agresor en el acto, lo que no implica vulnerar el debido proceso o la presunción de inocencia, ya que se dará un plazo razonable para investigar y definir si se mantiene o se revierte la medida.

Se ha dicho que este es un proyecto “centralista”, ya que solamente responde a la contingencia que viven los liceos emblemáticos en Santiago. Sin embargo, es necesario recordar que, en la región del Biobío, a la fecha, ya hay registradas 25 denuncias en la Superintendencia de Educación por agresiones a profesores, de las cuales 16 son por maltrato de alumnos hacia docentes y/o asistentes de la educación, y 9  de maltrato de apoderados hacia docentes y/o asistentes de la educación (sin considerar las denuncias que se realizan directamente en el Ministerio Público). El cuadro local muestra que este es un asunto también de máxima prioridad para las regiones, ya que el fenómeno de la violencia genera las mismas consecuencias: el deterioro progresivo de la educación pública, lo que se ve reflejado en la permanente pérdida de matrícula en las últimas dos décadas. Ahora bien, ¿qué nos dicen los padres y apoderados? Muchos nos relatan, con total convicción, de que “es necesario que se respete la autoridad, el orden y la disciplina al interior de las escuelas”, siendo estas condiciones mínimas para que un proyecto pueda escalar en calidad y prestigio. Y tienen razón, ya que en donde no existe una sana convivencia y en donde no hay una cultura de altas expectativas, no existen proyectos exitosos. De esta forma, es imperativo que en las unidades educativas el quehacer escolar se desarrolle en una atmósfera de confianza, trabajo y respeto mutuo.

Quienes derechamente critican el proyecto, señalan que este no resuelve el “problema de fondo”. Es difícil pensar que alguna política pública en particular y de manera aislada pueda resolver las condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de alumnos y sus familias (ese 8,6% de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza según la CASEN 2017), o los altos índices de patologías relacionadas a la salud mental que padecen a cada vez más temprana edad nuestra población (somos el segundo país OCDE), o el poco tiempo que tienen las familias para estar con sus hijos, y por ende, para reforzar principios y valores que favorezcan un uso responsable de la libertad (somos el quinto país OCDE donde más horas se trabaja al año). Así, no hay un único “problema de fondo”, sino varios fenómenos, siendo urgente un trabajo intersectorial para mejorar estas condiciones, en donde la educación juega un rol fundamental. El debate por los “problemas de fondo” no puede inmovilizar el ejercicio de la autoridad, menos ahora que es tan necesaria para resguardar la integridad de quienes dedican su vida a la labor docente. No destruyamos esa vocación.

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