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La Tribuna
Columnista

¡Es la política, señores!

Leslia Jorquera

Luis Barcelo Amado

por Leslia Jorquera

Desde hace algunos años a partir de la frase acuñada en la campaña presidencial Clinton -... Bush (padre) "es la economía, estúpido", repetida en innumerables otras publicaciones, artículos, redes sociales y conversaciones de café, se ha establecido como un axioma vulgar la superioridad ontológica de la economía sobre la política. La realidad es distinta: la economía es sólo una parte, y en el mejor de los casos una herramienta de la política, así como lo son la ética, la filosofía y el derecho. La política, es decir, el arte de gobernar un estado es el súmmum del ejercicio de todas estas disciplinas, o en términos prácticos es la aplicación ejecutiva, legislativa, judicial y comunicacional en el día a día de todas ellas. Que sea buena o no y que responda a los intereses reales de los ciudadanos comunes y corrientes, es responsabilidad del Estado en su conjunto; pero para la persistencia en normalidad del mismo, fundado en el bien común de las generaciones presentes y de las que vendrán, la política debe velar no sólo por los intereses económicos y cortoplacistas de sus habitantes. Por ello es un deber estatal, de la clase política y de los intelectuales que le dan contenido a la política, identificar aquellos problemas insolutos de naturaleza estratégica para trabajar en los lineamientos de su solución. Hoy en día en Chile tenemos, además de la profunda grieta de la desigualdad socioeconómica de sus habitantes, dos conflictos que afectan sus equilibrios estratégicos de seguridad: uno de frontera exterior que es el incordio boliviano, y un segundo de frontera interior que podríamos denominar como "Nación Mapuche versus Estado de Chile" ó "Estado de Chile versus Nación Mapuche" (la contraposición no es meramente semántica). El primero discurre por los caminos de la diplomacia y justicia internacional; mientras que la resolución del segundo por el momento no transita por vía alguna, pues los diferentes gobiernos en mayor o menor grado se han negado a reconocer la legitimidad del conflicto presentándolo como una expresión violenta e incluso terrorista de grupos minoritarios que no serían representativos del pueblo mapuche, razón por la que todas las tentativas de diálogo han abortado ab initio o a poco andar. (El gobierno debe tener presente que en ninguna lucha de liberación nacional, o sólo por determinadas demandas autonómicas como sucede en el caso sublite un sólo grupo, movimiento o partido tiene la representación completa de la nación; pero también debe ser perspicaz en determinar con cuál o cuáles de ellos es más conveniente negociar para alcanzar el objetivo deseado).

No obstante el escepticismo ciudadano ante el actual período de estancamiento del escaso diálogo, los recientes anuncios del Presidente de la República podrían quizás dar paso a un cauteloso optimismo si efectivamente se llevan rápidamente a cabo, y entendiéndolos sólo como una primera etapa de varios cambios constitucionales por venir; entre ellos, el que en algunos determinados y precisos lugares de La Araucanía y Biobío no bastará con el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, ni una ley de cuotas para su representación parlamentaria, sino que habrá también que agregar al rediseño constitucional la concreción de espacios territoriales de autonomía de gestión económica, política y judicial , y la elevación del mapudungún a lengua co-oficial a lo menos en ambas Regiones de la República. Para la buena conclusión de este conflicto que no es sino el logro de la paz y estabilidad necesaria para el desarrollo y felicidad del pueblo mapuche, la comuna de Alto Biobío, por sus características geopolíticas, culturales, lingüísticas y de etnicidad de su población se constituye en un territorio ideal para empezar a concretar un nuevo enfoque autonómico del Estado, que sea inclusivo y respetuoso de la cultura de los pueblos originarios. Por cierto, dadas las carencias económicas, educacionales, sociales y de infraestructura de esta comuna, ello se debe efectuar de manera gradual en el tiempo, pero con el apoyo férreo, permanente y de buena fe del Estado de Chile y de las empresas estratégicas que están en el territorio; debiendo estas últimas adecuarse rigurosamente a esa nueva institucionalidad. A su vez, un eventual gobierno de la Autonomía Territorial deberá respetar a cabalidad los derechos de propiedad sobre inmuebles de los chilenos no mapuches, o extranjeros, que allí habitan o tienen sus lugares de esparcimiento; todo esto sin perjuicio de los procedimientos de compra o expropiatorios, por parte del Estado sobre aquellos predios agroforestales, y también sobre aguas, que son reclamados por las comunidades y en los que en general los titulares del dominio están llanos a conversar sobre la compra o expropiación a precio justo. Mientras tanto debe paralizarse desde ahora todo intento de seguir colonizando la comuna de Alto Biobío por parte de empresarios ajenos al mundo pehuenche, en especial en el rubro generación eléctrica.

Nada nuevo ni audaz digo con esto; es la forma en que se han solucionado conflictos de esta clase en Nueva Zelandia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y otros países.

De esta forma pondremos fin a un potencial "casus belli" con una data de siglos, que constituye un grave peligro para la unidad de todos los chilenos de raíz mayoritariamente hispano-mapuche por descendencia histórica y genéticamente comprobada. Fácil no es. Será un largo y pedregoso recorrido. ¡Es la política, señores!

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