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Reforma tributaria: los cuestionables supuestos sobre la boleta electrónica

Más allá de todas las ventajas que tiene un sistema de boleta electrónica en términos de facilitar el cumplimiento tributario y reducir la evasión, tenemos un grado de escepticismo razonable respecto a que se logrará recaudar lo que se estima.


 Por La Tribuna

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Con el objetivo de disminuir fuertemente la evasión del IVA, uno de los cambios relevantes que propone el proyecto de reforma tributaria recientemente presentado, es la incorporación obligatoria de la boleta electrónica en todo el comercio. En el informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se estima que la recaudación producto de este cambio sería de  US$1.181 millones en régimen.  Por otro lado, se proyecta que el costo de la “Digitalización de la atención del Contribuyente”, el cual –entre otras cosas– incluye el costo para el SII de la implementación de la boleta electrónica, sería de US$ 13,5 millones en cinco años.

Más allá de todas las ventajas que tiene un sistema de boleta electrónica en términos de facilitar el cumplimiento tributario y reducir la evasión, tenemos un grado de escepticismo razonable respecto a que se logrará recaudar lo que se estima. En este contexto, nos parece importante analizar las cifras tanto de recaudación como de costos de implementar el sistema.

Si bien la introducción del voucher de Transbank tuvo el impacto porcentual mencionado por el informe de Dipres, las estimaciones del SII muestran que este implicó una mayor recaudación de entre US$90 y US$110 millones anuales, que corresponden a un 8% más de recaudación de IVA. Esto implica que el impacto esperado de la boleta electrónica es 10 veces mayor que el impacto que tuvo usar el voucher de Transbank como boleta.

Para masificar la operación de la boleta electrónica y eliminar la boleta de papel, hay que instalar otros dispositivos similares a los de Transbank pero con menor cantidad de funcionalidades o modificar los dispositivos existentes para que contengan esta nueva funcionalidad.

en su informe. Sin embargo, ese no es el único costo.

Los costos del nuevo sistema se pueden desglosar en tres componentes. El primero, el de los dispositivos de pago del tipo POS, que cuestan entre US$125 y US$ 160 cada uno. En el caso de dispositivos con menos funcionalidades, como las requeridas en este caso (emisión y envío del documento boleta electrónica al SII), este costo podría bajar hasta unos US$ 100. El segundo, es el costo de operación, que incluye la conectividad (celular o web) y los costos de mantención (actualizaciones de software, papel, y soporte entre otros). El tercero, es el costo asociado a los procesos de captura y operación, los que si se sigue el modelo de factura electrónica, deberán ser del SII. ¿Quién va asumir todos estos costos?  Al tomar datos públicos de la industria, el costo fijo asociado a los dispositivos de pagos es de 0,60 UF/mes más una comisión por venta.

Para las casi 700 mil microempresas que existen en Chile, todas con ventas menores a 2.400UF anuales, el costo del dispositivo más el pago mensual de operación representa una fracción importante de sus ventas y un aumento de costos significativo. Si el Estado incurre en ese costo y se subsidia su implementación, hay que agregar ese costo a las estimaciones de Dipres. Si los microempresarios tienen que incurrir en él, pueden que opten por evadir el IVA, en cuyo caso la estimación de recaudación es aún menos probable que se cumpla.

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