Punta Peuco style

Leslia Jorquera

Max Colodro, director de Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos Universidad Adolfo Ibáñez.

por Leslia Jorquera 13 Agosto 2018

Resulta insólito que hoy sean los partidos de la ex Nueva Mayoría los que culpen a los jueces de las consecuencias de su propia inacción, dañando de paso la independencia de los poderes del Estado.

En entrevista con La Tercera PM, el ex ministro Jaime Campos reconoció que el gobierno anterior sabía desde al menos junio del año pasado que el cumplimiento de los plazos haría posible la libertad condicional para violadores de DD.HH. Según el ex secretario de Estado, los beneficios penitenciarios entregados a uno de los autores materiales del “caso degollados” y al condenado por la muerte del carpintero Juan Alegría en el caso Tucapel Jiménez, llevaron al gobierno a concluir que había “un forado en la legislación, que permite a estas personas acceder a dichos beneficios, lo que sólo podía corregirse por vía legislativa”.

Para este fin, el Ministerio de Justicia redactó a mediados de 2017 un proyecto de ley, que según Campos estuvo en conocimiento de la Segpres y de la propia Presidenta Bachelet, pero la decisión del Ejecutivo fue no ingresarlo a trámite hasta el 16 de enero pasado, es decir, nueve días antes del receso legislativo. La exautoridad señala que la razón esgrimida en La Moneda para justificar la demora fue la sobrecarga de la agenda legislativa.

En resumen, el gobierno pasado anticipó con el tiempo suficiente que la actual normativa tenía “un forado” que abría la puerta a beneficios carcelarios para los violadores de DD.HH.; redactó un proyecto para solucionar el tema y, por alguna misteriosa razón, decidió no presentarlo hasta el momento en que ya era tarde para tramitarlo. Ahora, en la oposición, los partidos que apoyaron a dicho gobierno pretenden “sacar las castañas con la mano del gato”, culpan a la Sala Penal de la Corte Suprema de no respetar los tratados internacionales y buscan una acusación constitucional contra sus integrantes, precisamente por estar aplicando una ley que la administración pasada decidió no modificar. La guinda de la torta: uno de quienes prepara el libelo contra los jueces es el ex ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, el mismo que según el relato de Jaime Campos justificó la decisión de no presentar el proyecto debido a problemas de congestión legislativa.

A la luz de estos antecedentes, resulta insólito que hoy sean los partidos de la ex Nueva Mayoría los que culpen a los jueces de las consecuencias de su propia inacción, dañando de paso la independencia de los poderes del Estado. Y extraña, al menos, resulta la coincidencia de este caso con la decisión de postergar, también hasta última hora, el cierre de Punta Peuco: dos iniciativas donde se operó con la misma lógica (esperar hasta el momento en que fueran inviables) y que terminan beneficiando a quienes, decían, no tener ninguna intención de beneficiar. La otra coincidencia es el silencio, la desidia para entregar las debidas explicaciones respecto a la decisión de no cerrar Punta Peuco durante cuatro años de gestión y, ahora, de no enviar el proyecto que estaba destinado a impedir la libertad condicional de los violadores de DD.HH.

Al final del día, lo único que se puede concluir es que desde hace tiempo los derechos humanos son para algunos sólo una mascarada, un subterfugio que se utiliza con intenciones políticas cuando conviene y cuando se necesita, sobre todo si gobierna la derecha y ellos deben resignarse a ser oposición.