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La terminología de género ha permitido evidenciar la transversalidad y múltiples dimensiones del dramático fenómeno representado por el asesinato a mujeres.
Un nuevo femicidio trae al centro del debate público este problema social que, además de ser una tragedia en el ámbito privado, es una cuestión esencialmente política. Hoy, es vital que exista protección por parte del Estado, en cuyo entramado institucional persisten desigualdades que explican la configuración histórica de las relaciones entre hombres y mujeres.
18 femicidios consumados y 57 frustrados son los registrados este año por el Sernam. La fatal estadística es parte de las movilizaciones universitarias por acoso sexual y del reclamo al compromiso del Estado chileno en materia de equidad de género contenido en el reciente informe de la ONU. La propuesta es redefinir la actual ley de violencia intrafamiliar, entendiendo por femicidio todo homicidio motivado por el género sin que necesariamente el autor mantenga una relación con la víctima.
La terminología de género ha permitido evidenciar la transversalidad y múltiples dimensiones del dramático fenómeno representado por el asesinato a mujeres. La violencia sexual es una cuestión política, porque emerge de conflictos y tensiones de poder en las relaciones entre hombres y mujeres, y porque esas relaciones están concretamente articuladas en políticas estatales. Un ejemplo evidente es la política de familia, cuyo modelo normativo ha buscado sofocar la ansiedad y el temor de que los vínculos afectivos primarios no estén jerárquicamente ordenados. Este criterio ha definido la relación familiar como una de dependencia y protección. Por tanto, el asesinato de una mujer por su pareja tiene una fuerza tan socialmente desestabilizadora como la desintegración de la familia si no se preservaran ciertos vínculos de subordinación.
¿Cómo es ese orden y cuál su quiebre entendido como una violencia inaceptable? Responder requiere una aproximación histórica y política, porque la violencia doméstica es definida concretamente. Tiene un significado discutido y establecido de distintas modos por variados actores -los movimientos feministas entre ellos- y desde los orígenes de nuestra república. El Estado interviene en las relaciones entre hombres y mujeres, regulando las formas de pertenecer a la comunidad política. El Código Civil de 1855 consagró la obediencia de la mujer al marido; cláusula recién suprimida en 1989, estrechando el espacio a la violencia conyugal que la ley abrió. Solo en parte, porque la legislación conserva formas de dependencia, particularmente, económica.
Los lenguajes de las políticas son variados y contradictorios. Nuestra institucionalidad incorporó tempranamente a los servicios de salud a la esposa del trabajador, pero ella no pudo recibir la asignación familiar una vez establecido este subsidio en 1953. Estas prestaciones fueron ampliadas a todas las mujeres, pero solo en el embarazo, parto y puerperio. El beneficio de sala cuna como exclusivo para ellas es una política que continúa atribuyéndoles un rol doméstico. Muchos otros ejemplos demuestran la persistencia de políticas diferenciadas que perpetúan relaciones subordinadas entre hombres y mujeres, advirtiéndonos de presentar una narrativa progresista en materia de equidad de género.
Francisca Rengifo, Escuela de Gobierno.
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