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Por intermedio de la presente declaración expreso mi más absoluto repudio a los dichos del diputado UDI Ignacio Urrutia y el anuncio del retiro de la esmirriada Ley de indemnización a los ex-presos políticos de la dictadura cívico militar que se impuso a sangre y fuego por la fuerza de las armas en nuestro país y condenada por 17 años por Naciones Unidas por violación sistemática a los derechos humanos. Es más, estoy convencido que negar los horrendos crímenes cometidos en chile alimenta la división en la sociedad chilena y la polariza.
Es un deber del gobierno reconocer la responsabilidad del Estado en las atrocidades cometidas e implementar iniciativas políticas que apunten a la condena ejemplar de los violadores de derechos humanos. De hecho, la implementación de políticas públicas con el objeto de garantizar que "nunca más" tamaños crímenes vuelvan acaecer en nuestro país y la elaboración de políticas responsables de reparación mediante las cuales se reconozca el inmenso daño causado a las víctimas familiares y la sociedad en general siguen siendo, por cierto, una herida profunda difícil de cicatrizar y una deuda pendiente del Estado de Chile.
Hoy más que nunca, cuando se cumplen 70 años de la declaración de la Carta Internacional de Derechos Humanos, Chile no puede ser considerado como un Estado de Derecho en la medida que continúa negando los graves crímenes cometidos durante la dictadura cívico - militar que se impuso a sangre y fuego por la fuerza de las armas en nuestro país.
El diputado Ignacio Urrutia(UDI) y el actual gobierno olvidan que fue la derecha reaccionaria chilena y golpista la que usó el terrorismo de Estado contra miles de chilenos y chilenas cuyo único objetivo era dotar a nuestro país de un proceso democrático que garantizara la justicia social para todos los chilenos.
Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyen violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional ley 60/147.
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