“Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en el país”.
La modernización de nuestro país ha dejado numerosos beneficios en lo económico, pero a la vez ha originado una transformación profunda en el seno social durante los últimos 25 años. En Chile, al mismo tiempo, se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU). Sin embargo, eso a veces parecemos no recordarlo.
En Chile, no contamos con leyes que regulen los efectos de la declaratoria de enfermedad mental invalidante en términos laborales, sino sólo para efectos asistenciales menores y para privar al paciente de ejecutar actos patrimoniales, es decir, para declararlo interdicto.
Hay ciertas normas en la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud; en la ley 20.422 de discapacidad, y en la ley 18.600, que establece normas sobre deficiencia mental, que se hacen cargo sólo en una parte menor del problema de las graves patologías de la conducta y el carácter. Según datos aportados durante el trámite, los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en el país. Se calcula que un 17% de la población ha presentado síntomas depresivos y un 3% mantiene trastornos psiquiátricos graves, cifras que se incrementarían en los próximos años.
Hoy sin embargo, estamos ante un atisbo de mejora.
Nacido de dos iniciativas parlamentarias, tenemos frente a nosotros un proyecto, sobre protección de la salud mental, que aborda el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica en especial, y los derechos esenciales de dichas personas, tales como el derecho a su libertad personal, a su integridad física y psíquica, a su derecho a cuidado sanitario, y a su inclusión social y laboral.
Era imprescindible, abordar en un proyecto de ley, una materia de salud pública de la máxima importancia, incorporando a la salud mental como una prioridad nacional, como un derecho fundamental y como un componente del bienestar general. Es decir, haciéndose cargo del problema de forma integral.
No podemos ignorar que las patologías mentales han tenido un aumento alarmante, y siguen atacando la vida, salud y el bienestar de las personas. Se trata de trastornos, a veces imperceptibles, de los cuales la medicina pública chilena hoy comienza a dar cuenta. Y en buena hora que así sea.
Roberto Poblete Zapata.
Diputado