Inclusión al mundo laboral

Zazil-Ha Troncoso

Roberto Poblete Zapata, diputado

por Zazil-Ha Troncoso 28 Marzo 2017

El porcentaje de personas que presentan algún nivel de discapacidad en nuestro país bordea el 15%. De ellos, la mitad tiene una disminución importante o graves dificultades para realizar actividades esenciales de la vida diaria.

En este sentido, Chile debe eliminar paulatinamente las dificultades que aún constan para su plena integración, lo que es consecuente con la ley que fija como obligación del Estado la prevención y rehabilitación de las discapacidades, sin perjuicio de los deberes que corresponden a los propios afectados, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

Cabe señalar que en 2014 presentamos un proyecto de ley que intenta establecer un cupo mínimo obligatorio para la gente con discapacidad en el aparato público, que alcance un 4% de los funcionarios de planta, a contrata y a honorarios. Ese proyecto duerme aún en la Cámara y debería ser parte de un nuevo trato hacia las personas con discapacidad en Chile.

Recientemente aprobamos el proyecto que modifica la ley N° 20.422, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y establece reserva legal de empleos para personas con discapacidad.

Sin embargo, en este tercer trámite debemos hacernos cargo de las modificaciones que se le han formulado al proyecto en el Senado, las que en nuestra opinión no hacen sino reducirlo a su mínima expresión y jibarizarlo, dejándolo prácticamente sin aplicación.

No puede ser que el proyecto que precisamente busca crear un sistema de inclusión laboral obligue a organismos públicos civiles y militares, así como a empresas privadas, a reservar una cuota mínima de un 1% para personas en situación de discapacidad. Eso es prácticamente un saludo a la bandera.

Por otro lado, es el mismo proyecto el que autoriza que durante los dos primeros años de vigencia de la ley se va a poder incumplir la cuota y elegir en su reemplazo una medida alternativa, y una vez evaluada luego de tres años, no se fijan sanciones en caso de que la ley se incumpla.

Por último, y como ha sido señalado por algunos especialistas, hoy existe una ausencia de garantías de apoyo al no existir estructuras ni sistemas de financiamiento que pongan en práctica la reserva legal de empleo que el proyecto propone.

Entendamos de una buena vez que estamos obligados internacionalmente a través de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en tal sentido, nuestro país está obligado a adaptar su legislación para que las personas con discapacidad no tengan ya más barreras a la entrada para acceder a trabajar en un mercado laboral abierto.

Tenemos una cuota baja en este proyecto de ley que contiene una cláusula de salida en la que la propia administración pública podrá rehuir el cumplimiento de la cuota mediante un informe a Senadis y la Dirección Nacional del Servicio Civil, en razón de causales como la naturaleza de las funciones que desarrolle el órgano, servicio o institución, no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de candidatos que cumplan con los requisitos respectivos.

El trámite en el Senado deja a este proyecto como una ley que no da musculatura al Estado para hacerla cumplir; brilla por su ausencia la fiscalización y la existencia de alguna sanción para el incumplimiento.

Tenemos una honda decepción por cómo ha terminado una idea y un proyecto que era una luz de esperanza para miles de chilenos, y que más aún, nos hacía cumplidores de los estándares internacionales que el propio Chile decidió ratificar el año 2007.