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La PSU tiene como objetivo medir los conocimientos de quienes optan por realizar estudios superiores y se presenta como un instrumento objetivo que otorga igualdad de oportunidades a todos los que la rinden.
La PSU es un instrumento de política pública que esconde tras de sí una violencia estructural que se manifiesta cada cierto número de años. La última fue la batalla por la gratuidad. ¿Cuál será la próxima?
La PSU tiene como objetivo medir los conocimientos de quienes optan por realizar estudios superiores y se presenta como un instrumento objetivo que otorga igualdad de oportunidades a todos los que la rinden.
Es cierto, mide conocimientos, pero lejos está de ser una política pública que iguala oportunidades; más bien es una constatación de las desigualdades en la calidad de educación que recibieron los postulantes y, peor aún, es un mapa casi idéntico de las desigualdades sociales, culturales y económicas de nuestra sociedad.
Los resultados de la PSU son normalizados, lo que significa que la media siempre se ubica en torno a los 500 puntos. Las cifras son reveladoras: 70 de cada 100 estudiantes provenientes de la educación pública y 54 de cada 100 del sistema particular subvencionado se ubican bajo la media. Para los egresados de la educación particular solo 15 de cada 100 quedaron bajo la media de 500 puntos.
Tampoco la cancha es pareja para las mujeres.
Las mujeres y hombres muestran iguales resultados en el SIMCE de cuarto básico, pero se comienzan a distanciar en el SIMCE de octavo básico y en la PSU; solo uno de cada cinco puntajes nacionales corresponde a mujeres (Educación 2020).
Tampoco la cancha es pareja para quienes vienen de la educación técnico profesional.
Estudiantes provenientes de la educación técnico profesional con buen desempeño en el SIMCE de octavo básico presentan una brecha de 90 puntos en la PSU respecto de quienes provienen de la educación científico humanista (Francisca Dussaillant).
Todos los expertos coinciden en que las desigualdades tienen su origen en causas estructurales que aún no están suficientemente visibilizadas por la sociedad y por ello no han sido abordadas.
Cuando los grupos perjudicados y discriminados por la política pública en educación tomen conciencia de su condición, se iniciará un nuevo ciclo de violencia si es que los líderes de nuestro país no se adelantan y adopten decisiones tendientes a corregir las desigualdades estructurales que se esconden en nuestro sistema educativo.
Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla
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