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Se ha logrado un primer avance que permite la elección directa de gobernadores regionales, aunque todavía falta que la Cámara de Diputados apruebe la reforma constitucional y que una Comisión mixta resuelva las eventuales diferencias con el Senado, para recién allí proceder a sancionar la ley orgánica que normará los comicios. Si todo sale bien, vendrá después la discusión por las competencias de las nuevas autoridades y la Ley de Rentas Regionales, elementos que hacen viable la institucionalidad propuesta.
Pero, sin escoger democráticamente a nuestros representantes, no existe el estímulo necesario para impulsar estas reformas. Y mejor que sea cuanto antes, es decir, el 2017, no el 2020 o el 2022. En el intertanto, se puede conseguir que las competencias para el gobernador regional sean más de las 74 contempladas y que prevalezcan sobre las del Delegado Presidencial, figura que –en los demás países donde existe– se encarga sólo del orden público.
¿Por qué este funcionario no elegido ejerce labores de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos?, ¿por qué debe informar al Ejecutivo sobre el desempeño de los jefes regionales, ministeriales y judiciales?, ¿por qué radica en él la prevención y el control de situaciones de emergencia o catástrofe?
¿Por qué el gobernador regional, en cambio, sólo posee atribuciones para crear políticas, planes, programas y proyectos en materias de desarrollo social, cultural y económico, para elaborar el presupuesto regional y los instrumentos y decisiones de planificación territorial?
Algunos estiman que dar más autonomía limita con el federalismo, condición que se opone a nuestro tradicional Estado unitario. Pero eso es falso, ya que se trata de un todo formado por partes autónomas que ceden poder para formar un núcleo de gobierno, manteniendo la capacidad de emitir leyes, salvo cuando competen al conjunto de la federación. Nada siquiera parecido se intenta resolver aquí, pues se aspira a dotar a los Gobiernos Regionales de capacidad para tomar decisiones.
Luego de resolver todo aquello vendrá la discusión sobre los recursos, debate que requiere defender el criterio por el cual el presupuesto anual del país define el marco de financiamiento de las regiones, correspondiéndole al Ministerio de Hacienda vigilar su cumplimiento, sin intervenir en nada más.
La tarea que queda por delante es enorme, pero es bueno recordar que no hay desarrollo sin descentralización.
Cristián Fuentes Vera
Académico Escuela de Ciencia Política
Universidad Central
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