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Vivimos tiempos confusos y acontecidos; somos parte de un conflicto que no hemos escogido, lleno de agitación social proveniente, por un lado, de las justificadas movilizaciones del sector público, y por otro, de las molestias que esto acarrea a la ciudadanía.
Esto no es sino el mal manejo de algo que debiese ser un diálogo constructivo, Ejecutivo-dirigentes, con las cartas sobre la mesa, con propuestas consensuadas para un plazo mayor de un año, haciéndose cargo de las expectativas de bienestar de miles de familias chilenas.
Sabemos que hay muchos problemas que hacen que esta no sea cualquier discusión, aunque siga siendo la misma de todos los años.
Las trabajadoras y trabajadores del servicio público y el país ya están cansados de ministros que no oyen, de personeros públicos que viven como si nada pasara y de efectos no deseados por malas decisiones políticas.
Ellos no quieren pasar un año más sin un incremento real de sus remuneraciones y ver cómo lo que esperaban se diluye igual que años anteriores; acá lo único que se sacrifica son las expectativas de todos los funcionarios públicos, ahogándolas con la letanía de la eterna insuficiencia presupuestaria y de la escasez crónica de dinero.
Las demandas de los trabajadores del sector público no son sólo justas, sino pertinentes; la ínfima alza que piden en sus remuneraciones resulta absolutamente fundada.
Un estamento de hombres y mujeres que año tras año van en busca de un mejor servicio público para los ciudadanos los hace acreedores de un mejor trato de parte del Estado de Chile, que es su empleador. No podemos dejar de sostener que la fórmula que actualmente tenemos en nuestro país de discutir el reajuste es pésima.
Por otro lado, tampoco es digno ni bueno que los miles de funcionarios públicos -algunos de los cuales ni siquiera tienen formas de contratación legales- no sepan de cuánto será el reajuste, ni menos de cuánto será el alza real que experimentarán sus ingresos.
No es justo para ellos como funcionarios, ni para los ciudadanos en su calidad de destinatarios de la función pública. Y esto debemos cambiarlo por la vía de proponer fórmulas de cálculo correctas que nos sustraigan de una discusión muchas veces inconducente, de interminables tira y afloja, y de negociaciones de última hora que mantienen en vilo al funcionariado y al país completo. Sin nuevas respuestas a estos viejos problemas, nada habrá de cambiar.
En este tema, los parlamentarios hemos levantado la voz para exigir que el Ejecutivo se siente a la mesa de diálogo. Por ahora nuestro voto será no, hasta que del diálogo no salga una opción que satisfaga a los trabajadores públicos de Chile.
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