Fondos de pensión e incentivos

Zazil-Ha Troncoso

Marcelo Villena, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez

por Zazil-Ha Troncoso 15 Agosto 2016

Sorprendentemente en los anuncios de la presidenta, y en general en el debate sobre las potenciales modificaciones al sistema de AFP, el análisis de los incentivos se ha ignorado por completo, aunque buena parte de las fallas actuales suelen encontrarse justamente en su diseño.

Por ejemplo, actualmente se pagan las comisiones a las AFP basándose en el cumplimiento de tareas administrativas básicas y en la cercanía del rendimiento de la institución con el promedio del sistema. El pago de una comisión a cualquier fondo de inversión debe estar indexado a su rentabilidad relativa a un riesgo o a una inversión de referencia (tracking error).

Es curioso, entonces, que nuestras AFP no sean reguladas por esta regla. Hoy por hoy, invertir en bolsa en el extranjero es muy barato -menos de 10 dólares- y sencillo de hacer vía internet. Lógicamente, si dado un mismo nivel de riesgo la AFP no puede vencer a estas alternativas, no está agregando ningún valor, y no deberá cobrar comisión por su gestión.

Respecto al anuncio de comisión cero para las rentabilidades negativas, este generará incentivos al sistema a tomar menores riesgos a los esperados en el largo plazo, lo que se traducirá en menores rentabilidades y menores pensiones.

En general, la regla no es adecuada porque castiga al sistema por algo que está fuera de su control, y no lo castiga cuando no puede vencer a alternativas de inversión comparables, que sí es una medida de mal desempeño.

Por otra parte, en un sistema donde las pensiones están determinadas exclusivamente por los ahorros de los cotizantes, serán ellos quienes tendrán todos los incentivos para esforzarse al máximo en su vida laboral. Mientras más solidario el sistema, este incentivo disminuye. Todos esperamos que el resto contribuya y nosotros tendemos a aprovecharnos de ello, nos convertimos en free riders.

De igual forma, si percibimos que el sistema no es una buena opción financiera, podemos prescindir de él. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia pueden cotizar el mínimo posible y construir sus pensiones a través de la compra de inmuebles u otros activos que les renten a futuro. En ese contexto, fortalecer el actual pilar solidario requiere tomar los resguardos por potenciales comportamientos del tipo free rider entre los cotizantes.

Una medida a explorar es que, en vez de fijar edades mayores de jubilación, la regla sea el número de años cotizando, de forma que las personas tengan incentivos para ahorrar de manera efectiva y rápida. En el límite, aumentar de 65 a 70 los años la edad de jubilación puede, en la práctica, no aumentar el número de años cotizando.

Sin embargo, el requerir 35 años de cotización sí lo hará y beneficiará a los trabajadores que más cotizan. Esta edad, además, permite tener lagunas razonables de ingresos, y aun así permitir una jubilación más rápida que la de 70 años.

Si decidimos que las empresas deben aportar a nuestros fondos de pensiones, los incentivos generados también deben ser considerados. No cabe duda de que los incentivos más lógicos de las empresas ante este nuevo impuesto serán disminuir esta carga vía el despido de trabajadores en el corto plazo, y la baja de los salarios reales en el mediano plazo.

Una manera más inteligente de definir la participación de las empresas en los fondos de pensiones de sus trabajadores es, por ejemplo, definir el monto del aporte como un porcentaje de las utilidades de la empresa.

De esta forma, los trabajadores estarían más alineados con los objetivos de los empleadores y la empresa evitaría entrar en problemas de desempleo cuando la economía enfrente un ciclo económico negativo.

Esta regla, a diferencia de la sugerida por la presidenta, puede entrar en vigencia de manera inmediata, pues genera incentivos correctos a todos los actores.

Finalmente, el problema principal es lidiar con el diseño de los incentivos del gobierno. Los políticos intentan maximizar los votos, preocupándose en demasía de la próxima elección.

Si bien es cierto que una AFP estatal podría mejorar la competencia del sector, el supuesto básico es que esta se comporte de manera eficiente y profesional.

Nuevamente los incentivos deben jugar un rol. Las licitaciones de carteras deberían extenderse a todo el sistema, incluyendo a los antiguos cotizantes, e incluyendo a la nueva AFP estatal, generando así una competencia que redundaría en mejores resultados para todos.

De igual forma, quizás el mayor incentivo positivo para los gobiernos en este ámbito sea el cumplimiento de la regla fiscal, la cual ha sabido mantener el Ministerio de Hacienda a través del tiempo, incluso de manera estoica en este mismo caso.

Dada la importancia del debate sobre las AFP, que puede marcar la diferencia entre una vejez miserable y tranquila, es necesario tomar en serio el tema de los incentivos dinámicos que enfrentarían los actores antes mencionados.