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Reconocida la necesidad de modernizar el actual marco normativo para conducir los esfuerzos hacia un Chile descentralizado y desarrollado, el mayor temor se ha centrado en la capacidad del proceso de levantar una gobernanza que contribuya en estimular la participación ciudadana.
La Constitución de la República es la base institucional que fija el marco regulatorio para el devenir del sistema político, social y económico de nuestro país. Por su importancia y trascendencia, con sus defectos y virtudes, tenemos el deber ciudadano en ser partícipes activos del proceso Constituyente convocado por el Gobierno.
En columna de opinión de un medio de prensa de cobertura nacional, el ex Presidente Sebastián Piñera destacó al menos tres debilidades respecto del mecanismo de participación ciudadana: (i) centra su atención en el mecanismo y no en los contenidos; (ii) no da garantías de transparencia y (iii) crea el mito de que el "modelo neoliberal" es la causa de los problemas. La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, calificó el proceso como “inédito en el mundo” por el formato de participación que subyace sobre el mecanismo planteado. Mientras tanto, los economistas se encuentran divididos respecto de la eficacia del proceso por el riesgo asociado al nivel efectivo de participación ciudadana.
Reconocida la necesidad de modernizar el actual marco normativo para conducir los esfuerzos hacia un Chile descentralizado y desarrollado, el mayor temor se ha centrado en la capacidad del proceso de levantar una gobernanza que contribuya en estimular la participación ciudadana. Romper la desidia y bloquear los intentos de grupos de interés por capturar el proceso, es una tarea que debe y tiene que ser conducida por la máxima autoridad del país, con el apoyo de los gobiernos regionales y locales.
Sin embargo, como ciudadanos de este país, nos corresponde la tarea de ser partícipes activos de la invitación que se nos realiza para construir una Constitución moderna que privilegie el bienestar de la población por encima de las visiones particulares de grupos de interés.
En este sentido, me interesa que, en materia económica, la nueva Constitución entregue un rol más ejecutivo al Estado para apoyar el crecimiento económico y la diversificación productiva; que se considere el trabajo de calidad como un derecho constitucional; que se establezca un marco de responsabilidad administrativa y penal para quienes defrauden la confianza pública, sean estos funcionarios públicos o agentes privados; que toda persona pueda acceder, en igualdad de condiciones y con absoluta libertad, a fuentes de financiamiento para materializar su proyecto de vida y que la sociedad tenga un modelo redistributivo de ingresos que considere beneficios sociales a todos los chilenos y chilenas, sin excepción. ¿Y cuál es tú visión?
Renato Segura
Director Centro de Estudios
CERRegional
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