José Pérez Arriagada

Diputado de la República

Tal como lo informaba la prensa la madrugada del pasado lunes; producto de la conducta de un irresponsable, más de un centenar de personas con diversas patologías médicas, algunas de ellas muy graves, tuvieron que evacuar el hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, como consecuencia de un llamado que alertó la presencia de una bomba al interior del recinto hospitalario.

Este tema conmovió y remeció a la ciudad de los Ángeles y a la Provincia del Bío Bío, pues más de treinta ambulancias de distintos puntos de la provincia, tuvieron que llegar hasta el centro asistencial y movilizar recursos millonarios para trasladar a los pacientes a otros recintos y clínicas privadas.

Además, como consecuencia de la alerta se tomaron inmediatamente las medidas correspondientes en estos casos de emergencia y se comenzó a evacuar a todos las personas y enfermos que estaban en ese centro asistencial, algunos de extrema gravedad.

Es un desastre que muchos de ellos, sufrieran, sin duda, un deterioro en su salud, porque este desalojo se produce en horas de la madrugada y hablamos de personas con tratamientos muy complejos que debieron ser evacuadas, con el peligro que ello conlleva.

Y como ya es sabido por la opinión pública,  este martes, el Ministerio Público formalizó al irresponsable que hizo el llamado y fue sancionado según el artículo 268 bis del Código Procesal Penal, y que dice relación con dar falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.

La verdad es que lo que me llama profundamente la atención que estos enajenados, que hacen esto en forma tan irresponsable, no reciban la sanción que realmente se merecen, porque no es posible que una persona que provoque tanto daño a la salud de cientos de personas que estaban en un estado tan delicado; al ser detenido por la Policía de Investigaciones, a quienes felicito por su trabajo efectivo y rápido, sólo se decrete por el tribunal, que la investigación dure tres meses, y que el imputado tenga sólo arraigo nacional y firma quincenal.

Pregunto, ¿acaso no es esta clase de personas un peligro para la sociedad, luego de haber provocado esta tremenda barbaridad, con el daño correspondiente a la vida de los enfermos?

No quiero quedarme con los cuestionamientos, así que inmediatamente solicité a través de la Cámara de Diputados, oficiar al Ministro del Interior para que tome debida nota de esta situación y también al Fiscal Nacional para que esté informado de este acontecer que nos parece de la mayor gravedad y de una sanción que no guarda ninguna relación con el daño que se causó a toda una comunidad.