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Opinión

Nueva Educación Pública, cuidado con las mesas cojas

Ariel Ramos y Cristian Miquel Investigadores de Política Educativa de Educación 2020


 Por La Tribuna

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 Es posible y necesario incorporar fondos transitorios, que delineen nuevos modelos para el sistema escolar.

 

 Esto no es un misterio: la administración municipal no logró asegurar calidad en la educación. Los éxitos son excepcionales, son los resultados de alcaldes con interés, pero no es la norma de nuestra educación pública.

 

Para peor, la matrícula pública escolar ha caído en un 25% en diez años. Y sigue esfumándose. Eso, sumado al sistema de financiamiento por voucher, ha creado un descalabro financiero: las escuelas mantienen su nivel de gasto, pero su financiamiento se ha ido encogiendo.

 

No puede ser que la educación pública dependa del ímpetu de un gobierno local, de la zona geográfica o de la riqueza de una comuna. La educación pública no puede prestarse para perpetuar desigualdades.

 

Y mientras nuestras comunas padecen estas diferencias, en el Congreso se discute la ley que promete dar una nueva estructura a los colegios públicos y acabar con la penosa administración municipal: el Sistema de Educación Pública. Entre otras cosas, la iniciativa propone crear una Dirección de Educación Pública, de la que dependerán 67 Servicios Locales, los que administrarán colegios de forma descentralizada.

 

Hasta ahí suena esperanzador, pero no todo está resuelto.

 

Administrar un servicio de estas características supone desafíos. Es imperativo asegurar una selección rigurosa de quienes ocuparán las jefaturas y cargos directivos en la nueva estructura.

 

Por si fuera poco, varias de las indicaciones ya presentadas al proyecto sugieren privilegiar sólo a algunos municipios, manteniendo las diferencias en el sistema. También se propuso entregar las escuelas municipales a administradores privados, ignorando el sentido original del proyecto y desvirtuando el valor e independencia de la educación pública.

 

Pero lo más grave de todo es que, aunque existía compromiso, todavía no discutimos cómo se financian nuestras escuelas. Si no se cambia el subsidio a la demanda —una forma de financiamiento competitiva y segregadora—, corremos el riesgo de que los nuevos Servicios Locales hereden el déficit financiero de los municipios.

 

Es comprensible que un cambio de esta magnitud —que implica replantear toda una lógica de educación de mercado— requiera un proyecto por sí solo. Sin embargo, es posible y necesario incorporar fondos transitorios, que delineen nuevos modelos para el sistema escolar.

 

Creemos que este proyecto va en dirección correcta, pero nos preocupa que en el parlamento se descuide su idea original: una verdadera desmunicipalización.

 

Hace dos años, cuando se discutía la Ley de Inclusión, muchos parlamentarios criticaban la propuesta por adelantarse al verdadero cambio que necesitaba el país: el fortalecimiento de la educación pública. Sabemos que eso pasa por terminar con medidas parches y crear un nuevo sistema. Llegó la hora de cobrar la palabra.

 

Ariel Ramos y Cristian Miquel
Investigadores de Política Educativa de Educación 2020

 

 

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