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Los Ángeles, es un claro ejemplo de la arbitrariedad de las medidas contenidas en la gratuidad para la educación superior.
La gratuidad en la educación superior ha sido y continúa siendo un tema de debate principalmente por las expectativas generadas, las cuales, al poco andar se fueron derrumbando para dar paso a un mecanismo a todas luces discriminador que ha tenido, lamentablemente, sus peores efectos en las aspiraciones de los jóvenes más vulnerables, situación que puede sonar contradictoria, pero que se evidencia en la aplicación del beneficio, el cual va orientado paradójicamente a instituciones de educación superior adscritas al sistema de gratuidad, lo que por definición excluye a los estudiantes que elijan otras entidades no adheridas a este mecanismo.
Este punto es el que ha generado una serie de inequidades que han redundado negativamente en miles de jóvenes vulnerables que optan en su mayoría -ya sea por un tema académico, monetario o de interés profesional- por Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). Entidades que a nivel nacional en un mínimo porcentaje están adheridas al beneficio de gratuidad, debido a que en muchos de los casos mantienen fines de lucro, situación que inhabilita que los estudiantes, que optan por este tipo de establecimientos, puedan acceder al beneficio de gratuidad. Debemos enfatizar que el hecho de tener o no fines de lucro en nada se condicen con la calidad educacional de la entidad.
En este sentido Los Ángeles, es un claro ejemplo de la arbitrariedad de las medidas contenidas en la gratuidad para la educación superior. La comuna, que concentra el interés de muchos jóvenes al momento de continuar su educación superior, fue una de las 10 ciudades a lo largo de Chile que no tiene IP o CFT con gratuidad como tal, situación preocupante si consideramos la tendencia que habla que más del 50% de los estudiantes en la zona optan por este tipo de instituciones académicas lo que equivaldría a más de 10 mil estudiantes que en su mayoría vienen de la educación pública - que por antonomasia deberían haber sido sujetos de gratuidad-, que no podrán acceder a ella, porque simplemente eligieron estudiar en este tipo de entidades académicas.
Sin duda esta política pública mal concebida, afectó a miles de jóvenes talentosos que optaron por IP y CFT al impedirles acceder como tal a la gratuidad, situación que al pasar de las semanas y los meses ha ido evidenciando su carácter claramente discriminatorio.
No puedo dejar de mencionar los hechos ocurridos en los últimos días que reflejan aún más la falta de prolijidad en la aplicación de esta medida, correspondiente al número creciente de jóvenes, a los cuales se les asignó erróneamente este beneficio según señaló el propio Ministerio de Educación. Es así, como en la región del Biobío son más de 250 los estudiantes pertenecientes a la Universidad de Concepción y Universidad del Biobío, afectados por este anuncio, número que podría aumentar exponencialmente al analizar cada plantel académico de la región.
Víctor Pérez Varela
Senador de la República
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