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Es improbable que un Presidente esté dispuesto a terminar su período con menos kilómetros de los que tenía el país al asumir su mandato.
A juzgar por el último video de la Cancillería chilena, la estrategia del nuevo equipo comunicacional de La Haya comienza a rendir frutos. Es un video bien intencionado, que se aparta de las abstracciones de los tratados internacionales y del discurso nacionalista. Al mostrar que en Chile viven y trabajan muchos bolivianos y peruanos, apunta a una realidad inmigratoria que tiene aspectos positivos para la sociedad y economía chilenas. Sin duda, el grupo de historiadores liderado por Joaquín Fermandois ha ayudado a reformular las comunicaciones chilenas. Los historiadores, en efecto, tienen una responsabilidad no sólo al narrar los hechos que llevaron a la situación actual con Bolivia, sino también a la hora de convencer a La Haya de que los límites chilenos se deben defender por razones de política interna más que mediante argumentos nacionalistas. El Tratado de 1904 fue el resultado de una larga negociación entre Chile y Bolivia luego de que ambos países (más Perú) vivieran en carne propia uno de los trances militares más violentos del siglo XIX. Como nos recuerda la reciente aparición en castellano de un estupendo libro de William Sater, la Guerra del Pacífico enfrentó a tres ejércitos muy mal preparados y apertrechados, obligando a sus respectivas autoridades a implementar sistemas rudimentarios de reclutamiento así como formas radicales de hacer la guerra. Sater comprueba que el objetivo de los ejércitos era la aniquilación total del enemigo.
Recordar que el litigio en La Haya tiene un pasado tan brutal es un antídoto frente al nacionalismo. Todos perdieron en la Guerra del Pacífico, tanto humana como territorialmente. Insistir que el triunfo militar chileno prueba la justicia de su posición en La Haya es antojadizo y arrogante. Mejor sería concentrarse en los que, creo, son los alcances políticos actuales que dificultan la cesión territorial. Dar salida soberana al mar a los bolivianos acarrearía, en primer lugar, un conflicto interno: es improbable que un Presidente esté dispuesto a terminar su período con menos kilómetros de los que tenía el país al asumir su mandato. En segundo, provocaría problemas geopolíticos en puertos y aduanas: ¿No es acaso el ejercicio legítimo de la soberanía un proceso que toma tiempo? ¿Podemos estar seguros de que el cambio territorial sería aceptado por las comunidades que viven en dichos puertos y aduanas? Ambos puntos no obedecen a posturas nacionalistas. Más bien, dicen relación con el funcionamiento práctico de la política y con las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando se introducen cambios por decretos diplomáticos o jurídicos.
Juan Luis Ossa
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibáñez
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