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El Principio de Transparencia que hoy existe en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, constituye un verdadero desafío para la cultura tradicional de los órganos públicos chilenos. Es considerado fundamental en la gran mayoría de los países para una sana administración, pues garantiza una adecuada toma de decisiones y promueve la participación de la ciudadanía en la gestión pública, resultando un importante elemento de legitimidad de la actividad estatal.
Actualmente, dos son las materias reguladas por la ley de probidad respecto de este principio: a) El derecho de los ciudadanos a la información de la Administración, el cual consiste fundamentalmente en el derecho de cualquier ciudadano a requerir de la Administración del Estado el conocimiento de los actos que se efectúan por sus organismos, y se traduce en la obligación de los órganos de la Administración de permitir y promover dicho conocimiento. Nuestra legislación actual establece que los actos de la Administración, tales como decretos, resoluciones, actos formales de autoridad, tendrán un carácter público. Debido a este fundamental principio la información acerca de los actos administrativos debe estar a disposición del público de modo permanente. b) Además, dicha información debe recaer sobre los actos administrativos y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial.
Sin embargo, este esencial principio de la administración sufre algunas excepciones, entre las cuales se encuentra la del DFL 5.200 de1929, que establece el ingreso anual al Archivo Nacional, de documentación y archivos que provengan de Ministerios y que hayan cumplido cinco años de antigüedad.
Por otro lado, el Ministerio de Educación en materias como las de este proyecto, pero también algunos organismos del Estado facultados para eliminar archivos y documentación sin consulta son los que tienen directa relación con el sector militar y de orden. Nuestra legislación protege los documentos y archivos de ámbito militar y de seguridad, que son secretos o reservados, sin la necesidad de ser eliminados. Pero la ley N°18.771, de 1989 modificó el DFL 5.200, estableciendo que la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Y por ello es además doblemente excepcional: pues es el único caso en nuestra legislación que posibilita la eliminación de documentos y archivos ministeriales sin previa consulta al Presidente de la República o al Conservador del Archivo Nacional.
El proyecto de ley con el que buscamos suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, reclama un esfuerzo político, de publicidad y transparencia que desafía los moldes de las conductas civiles y militares.
Suprimir la facultad de eliminar de estos antecedentes, implica apostar por la memoria, y no sólo por la memoria de algunos, o aquella que sirve para develar oscuros antecedentes que implican penalmente a miembros de las FFAA, sino que la memoria de todos y cada uno de los chilenos. Una facultad de poder eliminar archivos discrecionalmente, no teniendo límite ni oportunidad reglamentada para hacerlo, es un signo de oscurantismo que un país que pretende profundizar su democracia, no puede permitirse.
Hemos trabajado en este proyecto de ley en la Comisión de DDHH, y de acuerdo a lo estudiado, nos asiste la más firme convicción que suprimir la facultad de eliminación de los archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, es una gran iniciativa y a la vez una oportunidad para acabar con las actuaciones secretas y ocultas por parte de funcionarios del Estado que como sabemos, cumplen una labor de bien común.
Nos alegramos enormemente que en la Comisión de Defensa Nacional, la indicación sustitutiva al proyecto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios fuera aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Se ratifica nuestro trabajo como Comisión de DDHH y se impulsa esta valiosa iniciativa que esperamos que se convierta pronto en ley.
La transparencia reclama apertura, y la apertura se hace con hechos que a su vez entreguen garantías de que un chileno cualquiera, puede saber lo que hace un funcionario o un representante del Estado, precisamente, de su Estado.
Roberto Poblete
Diputado de la República
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