jueves 19 de septiembre, 2019

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Colusión

Felipe Harboe Bascuñán Senador de la República


 Por LESLIA JORQUERA

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  • Pero ¿cómo compensamos a quienes compraron hace años o meses y carecen de respaldos? No es fácil porque si obligamos a rebajar sus precios, afectaríamos a la empresa de la competencia que nada tiene que ver. 

 La palabra colusión se ha vuelto frecuente. Pollos, farmacias, radios y ahora la industria del papel. En ese contexto, extraña que el ex presidente Piñera criticara la eliminación de la sanción penal para los casos de colusión cuando en 40 años de vigencia de la norma penal nunca se aplicó ninguna sentencia.

Hace más de un año, la Comisión de Constitución del Senado junto al Fiscal Nacional Económico (FNE), del Ministerio Público, y de expertos en libre competencia, propusimos algunos mejoramientos destinados a desincentivar y sancionar las conductas colusivas. Lo más complejo de resolver fue -por ejemplo- definir quien ejercería la acción penal ¿Ministerio Público o Fiscalía Nacional Económica? Asimismo, determinar si la existencia de 2 procesos (penal y libre competencia) atenta contra el principio non bis in ídem, (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

Por consiguiente frente a este escenario complejo es necesario adoptar medidas que sean efectivas, así; en materia de multas, propondré que sean disuasivas y, por tanto, siempre sean más altas que lo que obtendrían por coludirse. La regla norteamericana del “3 por” parece la más acertada. Así, por cada peso defraudado, la sanción será el triple. 

La delación compensada ha resultado un arma muy eficaz para desbaratar carteles y consiste en eximir el pago de multas a quien se auto denuncia. No obstante debiera perfeccionarse limitando sus efectos sólo al primero que lo hace y siempre que ésta se produzca antes del inicio de una investigación. Adicionalmente debería mantenerse la obligación de compensar a los consumidores. Pero, ¿cómo compensamos a quienes compraron hace años o meses y carecen de respaldos? No es fácil porque si obligamos a rebajar sus precios, afectaríamos a la empresa de la competencia que nada tiene que ver. 

Otro aspecto a considerar es el de la sanción penal. Hay quienes ven en esta medida la única oportunidad de sancionar a los coludidos. Lo cierto es que es una mera ilusión porque aun cuando se le establezcan penas de 5 años y 1 día de presidio, por aplicación de atenuantes la pena efectiva serán medidas alternativas y ninguno de los condenados pasará ni un día en la cárcel. Quizás una sanción más efectiva sea limitar su capacidad de participar de negocios donde existan recursos públicos por haber defraudado gravemente la fe pública y la libre competencia.

No es aceptable que los mismos que pregonan la desregulación como sinónimo de libertad, luego aparezcan poniéndose de acuerdo para afectar la fe pública y a millones de consumidores.

Felipe Harboe Bascuñán

Senador de la República

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