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Esto, ya que no se puede dejar impune un minuto más a empresas que atentan contra la libertad de mercado y la economía de nuestros ciudadanos.
La palabra colusión lamentablemente ha vuelto a la palestra noticiosa por estos días. Una vez más hemos sido víctimas de la estrategia comercial de grandes empresas que por años jugaron con el bolsillo de todos los chilenos. Un juego que silenciosamente perjudicaba la economía de miles de hogares a través de un producto tan indispensable como el papel higiénico.
Diez años de colusión entre dos grandes empresas papeleras de Chile que mantuvieron altos precios de productos como el papel higiénico, toallas, pañuelos desechables, servilletas, y entre otros productos “tissue”. Se calcula que cada empresa habría generado utilidades del orden de US$23 millones cada año. Utilidades a costa del bolsillo de millones de chilenos, pero además bajo la impunidad más absoluta.
La Presidenta Michelle Bachelet condenó este hecho y lo calificó como inaceptable, en el que corresponde, aseguró, se aplique todo el rigor de la ley. Es por esto, que una vez conocida la denuncia por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Presidenta se preocupó personalmente de poner suma urgencia al proyecto de Ley que “Fortalece el Sistema de Defensa de la Libre Competencia” que en marzo de este año ingresó al Congreso.
Esto, ya que no se puede dejar impune un minuto más a empresas que atentan contra la libertad de mercado y la economía de nuestros ciudadanos.
Este proyecto de Ley establece endurecer las multas a los ejecutivos o directivos que participen o sean responsables de este tipo de situaciones, junto con elevar las multas a las empresas y penas de cárcel para aquellos ejecutivos que se coludan, con el fin de asegurar un adecuado funcionamiento del mercado y una mayor protección de los consumidores.
Por otro lado, con esta nueva ley se busca inhabilitar para cargos públicos a aquellos que incurran en la colusión, pues nos parece que participar en este tipo de acciones atenta contra toda credibilidad y afecta la confianza de los consumidores.
Sernac oficiará a ambas empresas para buscar una compensación a los consumidores. También gracias a los avances en materia de atribuciones para la Fiscalía Nacional Económica ocurridos en la anterior administración de la Presidenta Bachelet, la entidad podrá investigar de manera más eficaz, incautando evidencia y estableciendo procedimientos policiales.
Si bien es imposible asegurar que estas prácticas no se vuelvan a cometer, lo que sí parece ser claro es que ya no podrán realizarlas con impunidad y a costa de los consumidores. Todos queremos reactivar el crecimiento económico del país, pero con un fortalecimiento de la competencia, no con trampas.
Enrique Inostroza, seremi de Gobierno
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