La demagogia de los anuncios

Leslia Jorquera

Senador Víctor Pérez Varela

por Leslia Jorquera 10 Noviembre 2015

Las Farmacias Populares, no son en esencia una solución verdadera a la inequidad en el acceso a medicamentos.

Mucho se ha hablado y debatido sobre las denominadas Farmacias Populares, tema que más allá de lo llamativo de los anuncios, guarda una serie de interrogantes que evidencian la falta de análisis de la medida. En este sentido, tenemos que partir de la premisa de que los municipios tienen la obligación de entregar gratuitamente los medicamentos a todas las personas beneficiarias del Fondo Nacional de Salud, Fonasa, a través de los diversos centros de atención primaria de salud, consultorios y Cesfam. Situación que muchas personas desconocen, por lo mismo, no se entiende la lógica de una medida que va orientada directamente a usuarios que legalmente tienen el derecho a recibir sin ningún tipo de costos sus medicamentos.

En virtud de lo anterior, uno puede deducir a la luz de los antecedentes que las Farmacias Populares, no son en esencia una solución verdadera a la inequidad en el acceso a medicamentos que existe en nuestro país dado los altos costos. Al respecto, durante la jornada de ayer los laboratorios se sumaron al debate reconociendo que usan listas de precios diferenciadas para vender los medicamentos, en este caso la Central Nacional de Abastecimiento –Cenabast-, dependiente del Ministerio de Salud, los adquiere a través de licitaciones, las que por el volumen de compra llevan a que las empresas impulsen precios competitivos que van entre las 5 y las 50 veces más baratos. Ahora, al momento de vender a las farmacias independientes –las cuales corresponden al 10% del mercado- y a las cadenas farmacéuticas, la situación cambia diametralmente ya que los precios superan ampliamente los aplicados a la Cenabast, situación, que más allá de los argumentos entregados por los laboratorios es completamente injustificable, con un efecto negativo -que sí o sí -termina redundando en la ciudadanía.

Por ello si el objetivo es fortalecer la salud pública, a la cual acceden los sectores más vulnerables de la población, la condicionante debería ser entonces que los alcaldes utilicen los recursos para reforzar las farmacias de los consultorios y Cesfam, ya que muchas personas que se atienden a través de ellos, no pueden acceder gratis a sus medicamentos, sólo, porque no se encuentra en stock. Situación, que sin duda, no se soluciona a través de una Farmacia Popular, ya que las personas podrán adquirir en ellas, claro a un precio más conveniente, el medicamento, pero finalmente estarán incurriendo en un gasto, cuando en realidad el medicamento debería haber sido entregado sin costo alguno en su Cesfam o consultorio correspondiente.

Con esto uno se da cuenta que es muy fácil anunciar medidas populistas y mediáticas, pero claramente, cuando se hace un análisis más profundo nos damos cuenta que este tipo de acciones poco y nada favorece a los sectores más vulnerables. Es más incluso con esta medida se puede provocar un debilitamiento de los centros de salud dependientes de los municipios y en consecuencia lejos de beneficiar se le va a estar perjudicando a las personas de más escasos recursos.

Uno esperaría que se impulsaran políticas públicas más amplias, que garanticen el acceso a los medicamentos a través de precios justos y accesibles para toda la ciudadanía, pero en cambio se potencia una medida como las Farmacias Populares, que no hacen más que institucionalizar la falta de gestión por parte del Ministerio de Salud y de la red de atención primaria. En este sentido sería positivo que los alcaldes, más allá de sumarse prematuramente a la medida, escucharan otras posturas, como la del Colegio Médico quienes a nivel nacional, han advertido respecto a la inconveniencia de estas Farmacias Populares, ya que finalmente no favorecen a los sectores más vulnerables como se asegura.

Cuando uno escucha estos rimbombantes anuncios, más allá de las buenas intenciones que puedan contener, se deben realizar los correspondientes análisis para determinar si efectivamente dicha medida es aplicable o no. En Chile deberíamos estar acostumbrados a ello, un claro ejemplo es la gratuidad en la educación superior, situación en la que el gobierno aseguraba una serie de beneficios, lo cual finalmente desembocó, en que los estudiantes de los sectores más vulnerables, que estudian en centros de formación técnica e institutos profesionales, cuyas entidades no cumplen con los requerimientos contenidos en la Reforma Educacional, no podrán acceder al beneficio, es así, como en Los Ángeles el 95% de los estudiantes de educación superior no podrán acceder a dicha gratuidad.

Entonces, la situación de la gratuidad en la educación nos debería hacer reflexionar sobre las reales implicancias de diversas medidas. Ya que así como la gratuidad no fue una real solución para la problemática de la educación superior en nuestro país, las Farmacias Populares, tampoco son la solución para la inequidad en el acceso a los medicamentos, sino que más bien son el síntoma de un problema mucho más profundo como lo es la falta de gestión y de medidas de flexibilización de los precios de los medicamentos para que los beneficios sean reales y extensibles a toda la ciudadanía.

Senador Víctor Pérez Varela