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Trabajar en el aparato público significa un compromiso con la ciudadanía, por lo tanto, requiere de un estándar mayor al que ostenta un trabajador que ejerce su tarea en otros ámbitos laborales.
Más aún, cuando ciertos servicios se transforman en la presencia del Estado en lugares muy alejados de las grandes urbes y permiten el contacto de dichos ciudadanos con la estructura administrativa del país. Esto ocurre, por ejemplo, en la Región del Biobío en oficinas del Registro Civil de Isla Mocha o Isla Santa María.
Por tal motivo, independiente de la legítima aspiración de todo trabajador a obtener mayores beneficios y remuneraciones, siempre debe existir un límite ético, pues no se puede tener de por medio a los ciudadanos como rehenes para alcanzar tal o cual fin.
El efecto de este paro, que ya se extiende por más de un mes, no lo está pagando el Gobierno sino miles de chilenos y chilenas que no pueden hacer trámites esenciales para, por ejemplo, buscar empleo u optar por importantes becas de estudio en el extranjero. Por ello, hacemos un llamado a los funcionarios del Servicio de Registro Civil a que prime la cordura para no dañar con este conflicto a nuestros compatriotas.
Lamentamos, que la propuesta presentada por el Gobierno a los dirigentes de los funcionarios del Registro Civil fuera rechazada cuando se les estaba exhibiendo algo concreto y que respondía a cada uno de los puntos planteados por los trabajadores.
Esta idea de radicalizar la movilización sólo hace más daño a los chilenos y no vemos razón por la cual continúen afectando el derecho de terceros. Es más, las cifras de la última encuesta de Cadem revelan que el 72% de los chilenos cree que los trabajadores del Registro Civil deben volver a trabajar, mientras que un 57% lo califica como ilegal y ese mismo porcentaje está en desacuerdo con el paro de la ANEF en apoyo a los trabajadores del servicio.
Aquellos que se movilizan debiesen tener en consideración que hoy las condiciones económicas de Chile son más adversas, más complejas por lo que como Gobierno tenemos que priorizar los recursos del Estado en un conjunto de programas sociales que van en directo beneficio de los sectores más vulnerables.
Luchar por reivindicaciones salariales es válido, causar un daño a las personas, no lo es.
Enrique Inostroza Sanhueza
Seremi de Gobierno
Región del Biobío
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