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La colusión es un cáncer que atenta seriamente contra la libertad de las personas y contra las bases de nuestro modelo económico, el cual, sin lugar a vacilaciones debe ser combatido con fuerza, a través de penas y sanciones contundentes, que eviten que este tipo de pactos ilícitos se vuelvan a repetir. Sin duda, que losvacíoslegales en esta materia, parecen diluir las culpas en sancioneseconómicas y éticas, que para la ciudadanía, no pasan de ser más que medidas accesorias que no logran atacar el problema de fondo.
El reciente caso de la denominada Colusión del Confort no hace más que abrir la brecha que existe ante las normas vigentes que castigan las malas prácticas en el ámbito del mercado económico. Esto, sin duda nos trae a la memoriados casos de colusión-, el de las farmacias, descubierta el 2008, y la colusión de los pollos descubierta el 2011, que afectó al 80% de la oferta de carne de pollo en el país. Todos estos casos sin duda tienen como principales afectados a la ciudadanía en general.
Es por ello, que considero oportuno remontarnos al año 2003, en pleno proceso de la Reforma Penal, cuando el presidente en su momento, Ricardo Lagos, mediantela Ley 19.911, eliminaba el carácter penal de este tipo de conductas, al derogar los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 211, con ello de manera inexplicable se despenalizó este tipo de delitos y se cambió la cárcel, por penas sólo de carácter monetario o clases de ética, las cuales, en virtud de los acontecimientos, no tienen ningún efecto para reprimir este tipo de hechos. A todas luces, esta modificación marca un antes y un después en las sanciones para delitos de colusión empresarial, y con ello abre una puerta que nunca debió ser abierta para este tipo de conductas.
Ante esto y en concordancia con la ley vigente los actores involucrados en la colusión del confort, no se arriesgan a recibir más que penas monetarias ante el ilícito llevado a cabo por diez años, período durante el cual se gestó y funcionó -el que tal vez-, puede ser uno de los casos más grandes de colusión al interior de nuestro país, al fijarse por parte de las empresas involucradas, CMPC Tissue y SCA Chile, precios y cuotas de mercado. Es así, como el papel higiénico, artículo de consumo básico, y que integra el Índice de Precios del Consumidor (IPC) tuvo precios fijados de manera arbitraria, situación, que sin duda, generó un impacto en la economía familiar de todos los chilenos.
Los hechos antes mencionados, en nada se condice con la economía de mercado que ha permitido a Chile el crecimiento económico, que nos ha permitido posicionarnos como país, a pesar de ello, cuando los intereses empresariales se coluden, se provoca un grave daño que tenemos que castigar y corregir. Es por ello, que no podemos permitir que la colusión se vuelva una constante en Chile, los ilícitos en materia económica deben ser sancionados de forma estricta, y para que ello ocurra se deben reponer las penas, protocolos y controles para quienes dañen con su actuar el modelo económico que nos ha permitido avanzar como país. Sin duda, no se puede satanizar a todos los empresarios por el actuar de unos pocos, pero, para que ello no suceda las reglas deben ser claras y extremadamente categóricas, no sólo en materia legal, sino que también y principalmente en cuanto a la libre competencia, elemento esencial que permite transparentar el mercado favoreciendo, a través, de la competencia a los consumidores, la conjugación de ambos factores, son los elementos básicos que nos permitirán retomar la confianza de la ciudadanía en materia de consumo y despejar de una vez por todas la incertidumbre, de que en materia de sanciones penales, estas son sólo para algunos.
Víctor Pérez Varela
Senador de la República
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