El nuevo caso de colusión conocido hace pocos días en nuestro país entre dos grandes empresas que ocupan un amplio porcentaje del mercado del papel higiénico para fijar determinados precios de espalda a los consumidores, nos invita no sólo a crear un marco legal que sancione de manera definitiva estas malas prácticas, sino a reflexionar sobre la ética con la que funciona nuestro mercado. El destape de este hecho y todos sus escabrosos detalles, como el lanzamiento de computadores al canal San Carlos en 2011 para ocultar esta información y la posible participación del ex ministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz Tagle, no nos dejan de sorprender, más allá de no ser el único caso que nos ha afectado en los últimos años.
Recordemos que en 2008 la Fiscalía Nacional Económica, tras una denuncia de la Subsecretaría de Salud Pública, investigó el caso de colusión para aumentar los precios a los menos 220 medicamentos, entre las mayores cadenas farmacéuticas chilenas: Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. Aunque se establecieron irrisorias multas cercanas al millón de dólares para las empresas involucradas, el hecho que más indignación causó entre los chilenos fue el “castigo” para los altos ejecutivos detrás de esta acción: asistencia a clases de ética.
Posteriormente, la Fiscalía desenmascaró un nuevo caso de colusión de precios, esta vez entre las tres principales firmas avícolas de nuestro país: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. Aunque esta vez las multas fueron mucho más elevadas, se estima que las ganancias obtenidas a través de este pacto entre empresas las superan largamente. Y es probable que con el tiempo nos vayamos enterando de otros casos como estos en los que empresas, que declaran abiertamente a través de sus estatutos operar a través de la libre, sana y leal competencia, hayan conspirado a favor de sus intereses mercantiles y en desmedro de los consumidores con productos de primera necesidad. Después de todo, el laxo marco legal en que se desarrollan estos hechos ha sido para estas compañías la invitación a sobrepasar los límites de la confianza que les entrega el libre mercado.
En marzo de este año, nuestro gobierno envió el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia o Anticolusión, que ya fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que continuará su tramitación durante la segunda semana de noviembre en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Esta iniciativa precisamente busca endurecer las penas para ejecutivos y empresas, en lo que concierne al aumento de multas e incluso la cárcel efectiva para quienes se coludan. Además de lo anterior, el proyecto busca establecer inhabilidades para ejercer cargos públicos. Cabe destacar, que durante el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se entregaron mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica para desbaratar este tipo de situaciones irregulares y gracias a ello hoy podemos sacar a luz pública estos hechos que atentan contra la confianza de nosotros los consumidores.
En la provincia de Biobío una de las empresas involucradas se ha visto por muchas décadas favorecida por el D.L. 701 que les ha bonificado millonarios subsidios dinerarios pagados por todos los chilenos Este hecho le ha permitido realizar importantes obras de filantropía en beneficio de la comunidad que hoy día quedan marcadas con la mancha de la duda de un posible financiamiento espurio.
La colusión denunciada contrasta con la positiva conducta de pequeños y medianos empresarios del expendio de combustible en Los Ángeles que en un libre mercado, real y efectivo, han hecho imperar en la práctica el principio de libre competencia consustancial a todo sistema social de libre mercado, incidiendo favorablemente en la economía local y en el bolsillo de los ciudadanos. Ejemplos como éstos nos muestran que sí es posible compatibilizar la actividad comercial con una mirada socialmente responsable que se traduzca en precios justos para los consumidores.
Hoy en día los ciudadanos contamos con muchas más plataformas de expresión que hace algunos años y el descontento se ha hecho sentir. Por lo tanto, la sanción para las empresas coludidas se dará también en la pérdida de lealtad de un consumidor cada día más informado que ya está dejando huella en las góndolas de los supermercados. Esperamos que todo el rigor de la ley penal, civil y comercial, además de la sanción ciudadana, recaiga sobre los directorios y gerencias de ambas empresas coludidas para sentar un precedente que impida en el futuro la ocurrencia de casos como los mencionados cuyos detalles ya ensombrecen la imagen empresarial de Chile.
Luis Barceló, Gobernador del Bío Bío.