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La Convención sobre los Derechos del Niño busca promover los derechos de los niñ@s, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Nuestro país no ha quedado ajeno a ello y por eso lo ratificó el 14 de agosto de 1990, rigiéndose por los principios de la no discriminación, el interés superior del niñ@, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
En algunos casos, y por errores que los adultos, muchos padres no pueden acompañar todo el proceso evolutivo de ellos, lo que acarrea problemas y desigualdades. Múltiples son las consecuencias sociales y económicas que generan dicho tipo de políticas de seguridad ciudadana, una de ellas es la repercusión en los niños, niñas y adolescentes (NNA) con algún referente significativo privado de libertad, lo que deriva en la vulneración de derechos en la cual se encuentran NNA con referentes adultos presos, asociados a la condición de exclusión social previa a la reclusión y su agravamiento posterior a ella.
La separación forzosa impacta emocionalmente al NNA, generando sensación de abandono, pérdida, incertidumbre, principalmente cuando el referente es fuente de apego y protección emocional. El desajuste es mayor cuando la madre es encarcelada, pues en nuestra sociedad sigue siendo quien cumple el rol fundamental de protección y soporte afectivo. En este caso, el NNA queda bajo los cuidados de algún otro familiar, haciendo la situación más crítica si no cuenta con mayores redes de apoyo, desintegrándose el grupo familiar. A ello se suma el estigma de la criminalidad.
¿Qué estamos haciendo al respecto? Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se estableció la necesidad de generar un servicio de apoyo integral para niños, niñas y sus familias, basándose en el reconocimiento de que estos NNA, al igual que sus cuidadores, poseen una serie de recursos personales, sociales y comunitarios que al ser diagnosticados, intervenidos y potenciados, permiten alcanzar adecuados niveles de bienestar, y, del mismo modo, minimizar los efectos de la privación de libertad de un adulto significativo para ellos.
Actualmente, el programa se enmarca en el denominado “Seguridades y Oportunidades” que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, implementándose en la región del Biobío desde el año 2008 y teniendo presencia para este año en las cuatro provincias.
La promoción y generación de mecanismos de protección de los derechos de dichos niños, niñas y adolescentes continuará avanzando ya que existe un compromiso del Estado que se afianzará con la Ley de Garantía de Derechos del Niño y en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia impulsada a través del Consejo Nacional de la Infancia.
Patricio Torres Castillo
Seremi Desarrollo Social del Biobío
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